La reciente retirada del orden del día en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea de la propuesta para declarar el catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales de la UE ha puesto de manifiesto, una vez más, la hipocresía y el pragmatismo desmedido que rigen la política española. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, compareció visiblemente afectado, insistiendo en que la oficialidad de estas lenguas es "irreversible" y argumentando que, tras 40 años, es hora de reconocer que la "configuración nacional de España" está unida a su plurilingüismo. Una retórica grandilocuente que, sin embargo, se desmorona ante la cruda realidad de los intereses políticos que la sustentan.
No nos engañemos. La defensa del plurilingüismo, esgrimida ahora con tanto fervor por el Partido Socialista, nunca ha sido una prioridad genuina de su agenda. Si el PSOE no se hubiera visto en la imperiosa necesidad de asegurar los siete votos de Junts per Catalunya para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea jamás habría ocupado un lugar preeminente en su lista de deseos. Esta iniciativa no nace de una convicción ideológica profunda sobre la riqueza lingüística de España, sino de una asfixiante necesidad aritmética. La supervivencia en el poder se ha convertido en la única brújula que guía las decisiones del Gobierno.
El argumento esgrimido por el Ejecutivo para justificar esta propuesta, que además ha servido para permitir el uso de estas lenguas en el Congreso y el Senado, es cuanto menos falaz. El Gobierno socialista sostiene que el catalán, el euskera y el gallego son cooficiales en toda España, lo cual no es cierto. La Constitución Española es meridianamente clara en su artículo 3: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos". Esto significa que la cooficialidad se circunscribe al ámbito autonómico, no al conjunto del Estado. Por lo tanto, ninguna institución central tiene la obligación constitucional de contemplar el plurilingüismo más allá de la cortesía o la conveniencia política. Y si se ha hecho, ha sido, de nuevo, por la exigencia de Junts.
Pero lo más sangrante de esta situación es el contraste demoledor entre las supuestas prioridades del Gobierno. Mientras se discute y se negocia con ahínco la oficialidad de las lenguas cooficiales en la UE, con un coste estimado de 132 millones de euros anuales que el Gobierno español se ha comprometido a asumir (que pagaremos también los andaluces, a quienes se ridiculiza y desprecia por nuestro modo de expresarnos), miles de enfermos de ELA en España siguen esperando la financiación prometida para una ley ya aprobada por todos los partidos. La Ley ELA, fundamental para la dignidad y la supervivencia de estas personas, lleva meses sin el respaldo económico necesario, a pesar de que los gastos anuales de un enfermo en fase avanzada pueden superar los 114.000 euros y las asociaciones denuncian que solo el 6% de los afectados pueden costearse los cuidados. ¿Dónde están los 40 millones de euros que se necesitan para aplicar la ley ELA? ¿Por qué se priorizan 132 millones para una cuestión lingüística en Europa mientras se abandona a quienes más lo necesitan en casa?
La respuesta es desoladora y reveladora: las prioridades de este gobierno no son las de los ciudadanos, sino las de su propia continuidad en el poder. La agenda del PSOE se ha reducido a un mero ejercicio de equilibrios para aferrarse al sillón, sin importar el coste económico ni social. El plurilingüismo ha pasado de ser un valor cultural a una moneda de cambio, y la dignidad de los enfermos de ELA, una cuenta pendiente que queda relegada al olvido. Es una frivolidad que raya en la inmoralidad. España y sus ciudadanos merecen un gobierno cuyas prioridades sean las reales y no las dictadas por la calculadora de la aritmética parlamentaria.
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