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PSOE e IU se oponen a medidas contra la okupación ilegal de viviendas
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PSOE e IU se oponen a medidas contra la okupación ilegal de viviendas

miércoles 27 de febrero de 2019, 16:33h

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La moción del PP apoyada por Cs pide afrontar un “creciente y alarmante” problema al tiempo que se exige garantizar la propiedad, la seguridad de las personas y la convivencia social

El Grupo Municipal Popular ha presentado al Pleno del Ayuntamiento de Almería una moción para que asuma y respalde la iniciativa presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados para combatir la ocupación ilegal de viviendas. A través de esta moción se incide en la necesidad de combatir un problema “alarmante y creciente” y garantizar la propiedad, la convivencia y la seguridad.

La moción, que ha sido aprobada con los votos favorables del Grupo Municipal Popular, de Ciudadanos, con la incorporación de una adenda particular, y de la concejal no adscrita y el voto en contra de PSOE e IU, viene a apoyar las medidas planteadas en la proposición de ley orgánica presentada por el grupo parlamentario Popular, entre ellas, la posibilidad de realizar desalojos ‘exprés’ en 24 horas y el endurecimiento de las penas asociadas al delito de usurpación.

Según ha relatado el portavoz popular y concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, el problema de la ocupación ilegal de viviendas crece y aumenta, generando “alarma en la sociedad española”.

Además, en torno a este fenómeno se ha producido la instauración de “mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas”, ha denunciado el edil popular

A través de la iniciativa presentada por el PP en el Congreso se pretende combatir ese problema y garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y la convivencia social.

En el debate de la moción, Castellón ha criticado a PSOE e IU, “por no estar del lado de quienes ven vulnerados sus derechos empleando un discurso ramplón y demagógico”.

Entre otras medidas, se plantea que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas, así como reforzar las condenas asociadas a los delitos de usurpación que pasarían de la multa actual, a penas de entre 1 y 3 años de privación de libertad.

Asimismo, se propone agilizar el proceso penal para juzgar este tipo de delitos, que las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas y facultar a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas, molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal.

Por último, se propone trasladar el acuerdo al Ministerio de Justicia, la Vicepresidencia del Gobierno, los portavoces parlamentarios de los grupos con representación en el Congreso y el Senado, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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