La okupación de viviendas se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más controvertidos porque enfrenta derechos fundamentales, porque genera tensiones vecinales y porque, con demasiada frecuencia, se aborda desde el ruido ideológico y no desde la eficacia. Mientras unos simplifican el problema y otros lo niegan, hay vecinos que ven cómo pierden su casa, su tranquilidad y, en muchos casos, su estabilidad económica.
La okupación no es un debate abstracto. Tiene nombres, apellidos y consecuencias reales. Afecta a propietarios que continúan pagando hipotecas, suministros y comunidades mientras no pueden acceder a su vivienda. Pero también pone de manifiesto una realidad estructural: la falta de vivienda asequible y la lentitud de los mecanismos públicos para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad.
En este contexto, las propuestas municipales cobran especial relevancia. Los ayuntamientos no pueden legislar ni sustituir a los tribunales, pero sí pueden actuar dentro de sus competencias. Y ahí es donde debe centrarse el debate: en qué herramientas son útiles y cuáles son meramente simbólicas.
Desde el pragmatismo, en el Ayuntamiento de Almería apostamos por la puesta en marcha de una Oficina Municipal Anti-Ocupación, servicio desde el que ofrecer atención integral, coordinación entre policías, servicios sociales, asesoramiento jurídico ante ocupaciones y mediación cuando existe vulnerabilidad real.
Igualmente importante es la prevención. Incrementar la oferta de vivienda en alquiler, movilizar viviendas vacías y ofrecer garantías a los propietarios no es una concesión ideológica, sino una política social inteligente. Es lo que pretendemos con el programa ‘Almería Alquila’. Sin seguridad jurídica, el mercado se retrae; sin viviendas disponibles, el problema se agrava.
La okupación no se resuelve con consignas ni con debates estériles, sino con más vivienda, más agilidad administrativa y más acompañamiento institucional. Porque la política útil es la que da respuestas.
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