El debate sobre la regularización de personas extranjeras en el Estado español ha vuelto a salir del congelador, no por una súbita epifanía humanista de nuestra clase política, sino porque los números —ya sean de cotización o de papeletas en una urna— empiezan a no cuadrar. Resulta fascinante, por no decir dantesco, observar cómo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas se ha convertido en una subasta de ganado ideológico donde el sujeto, el ser humano que ya vive y respira en esta provincia de Almería, es lo de menos.
Para los adalides de la razón economicista, el argumento es de una frialdad quirúrgica. Se trata de inventariar lo que ya existe. Como quien hace balance de existencias en un almacén de suministros agrícolas, nos explican que regularizar es "aflorar" economía sumergida. La tesis es sencilla: si ya están aquí, que paguen. Que coticen a la Seguridad Social, que contribuyan al sostenimiento del Estado del bienestar y que, de paso, la administración sepa exactamente en qué código postal duermen. Bajo este prisma, el inmigrante no es un vecino, es una unidad de producción que, una vez legalizada, deja de ser "competencia desleal" para el mercado laboral y se convierte en un activo fiscal neto. Un planteamiento que convence al bolsillo pero que despoja de cualquier rastro de dignidad al individuo, reducido a una cifra en el balance anual del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En el otro extremo del tablero, la estética de la compasión de Irene Montero y los restos de lo que fue Podemos no resulta mucho más edificante. Aquí, la regularización no se busca por justicia social intrínseca, sino por ingeniería demográfica. El objetivo es el censo electoral. No les mueve el bienestar del trabajador que se dobla el lomo bajo el plástico en los campos de esta provincia, sino la expectativa de que, una vez con el DNI en la mano, ese nuevo ciudadano se convierta en un votante cautivo de la izquierda. Es la perversión del derecho al voto: utilizar la dignidad de las personas como una herramienta para dar un vuelco al sistema y obtener réditos que las urnas, con el censo actual, les niegan sistemáticamente.
Réditos que probablemente se les vuelva en contra. En cuanto los inmigrantes se asientan en un país y alcanzan un status legal, son los primeros en oponerse a nuevas regularizaciones como las que a ellos les permitieron cambiar su situación. Por eso los inmigrantes votaron en EEUU a Donald Trump, para que no entraran más... y se han encontrado que ahora los echa a ellos o a sus familias o amigos. Lo de Montero es de una simplicidad estratégica propia de ella.
Y en medio de este mercado de carne, emerge la figura de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno del Estado, maestro en el arte de la supervivencia y el equilibrismo temporal, desempolva ahora esta medida con un interés puramente transaccional. Si la medida fuera una cuestión de convicción o de ética mínima, se habría ejecutado hace dos años. Pero no; los tiempos de Sánchez se miden en Presupuestos Generales del Estado.
La regularización masiva es la moneda de cambio para mantener el apoyo de sus socios de coalición y parlamentarios. Además, le sirve para alimentar su estrategia favorita: la polarización. Al agitar este avispero, busca el crecimiento de Vox, confiando en que el "miedo a la ultraderecha" actúe como pegamento para el voto socialista. Sin embargo, el tiro parece salirle por la culata; si miramos a la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que se vislumbra no es un trasvase de miedo hacia el PSOE, sino un crecimiento de la derecha más dura mientras los socialistas se preparan para un descalabro de proporciones históricas.
Es profundamente alentador que, en este escenario de cinismo generalizado, sea precisamente un sector de la Iglesia Católica el que esté manteniendo un discurso más coherente con la realidad humana, por encima de la rentabilidad política o económica. No hablo, por supuesto, de esos clérigos de retórica inflamada y tintes ultra que preferirían ver las hogueras de la Inquisición funcionando antes que a un inmigrante regularizado, como le pasa al Pater Góngora de El Ejido y su camaradas fascistas. Hablo de la base que entiende que la persona preexiste al Estado y a sus leyes de extranjería.
Almería conoce mejor que nadie los matices de la migración, y asistimos al espectáculo de ver cómo se trata a las personas como mercancía electoral o laboral. Unos los quieren para cuadrar las cuentas de las pensiones; otros, para asaltar los cielos del poder. Nadie, parece ser, los quiere simplemente como ciudadanos.
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