Un dramático siniestro laboral ocurrido en la provincia de Almería ha puesto contra las cuerdas los protocolos de prevención de riesgos de la administración local. Tras la gravísima caída de un trabajador municipal desde un escarpado desnivel, un dictamen de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sacado a la luz importantes negligencias en la planificación de las tareas encomendadas. Sin embargo, pese a la contundencia de las pruebas, la familia de la víctima se enfrenta ahora a un auténtico laberinto burocrático, dado que la denuncia interpuesta se encuentra completamente bloqueada en los tribunales por falta de personal funcionario.
El suceso tuvo lugar a principios de septiembre, cuando un empleado del Ayuntamiento de Bacares realizaba labores de desbroce manual en las inmediaciones del castillo del municipio. Durante estas tareas, el hombre de 47 años se precipitó por una ladera cayendo al vacío desde una altura de casi veinticinco metros. El documento emitido a finales de enero por la autoridad laboral es tajante y subraya el "riesgo grave y evidente" en la ejecución de estos trabajos. Según la investigación, el operario padecía una "ausencia total de protecciones", ya que no se habían instalado líneas de vida ni puntos de anclaje, herramientas de supervivencia fundamentales al operar en pendientes rocosas de tal magnitud.
Además de la carencia de amarres, la víctima llevaba un "equipamiento inadecuado" para la complejidad de la tarea. El casco que portaba no disponía de la sujeción necesaria —el barboquejo—, lo que "lo dejó desprotegido en la caída" y agravó las consecuencias del impacto. A esto se suma que se encontraba operando en solitario, careciendo de un plan de seguridad específico y de la supervisión de un recurso preventivo. Con todas estas evidencias sobre la mesa, Trabajo ha promovido que se aplique al consistorio el recargo máximo legal en prestaciones (un 50 por ciento), al concluir que la "falta de medidas de seguridad fue la causa directa del siniestro".
Pese a todo, la vía penal se ha topado con un muro burocrático. El despacho Vosseler Abogados, encargado de la defensa legal del damnificado, ha denunciado públicamente que el expediente se encuentra "congelado" en el Juzgado Único de Purchena. La demanda, presentada el pasado octubre tras las pesquisas iniciales llevadas a cabo por la guardia civil ante posibles "negligencias", no avanza debido a una baja médica en el juzgado que no ha sido cubierta. Esta "parálisis judicial" está provocando, según los letrados, un "fallo sistémico de la Administración de Justicia" que deja a la familia "desamparada por la burocracia".
La situación del núcleo familiar es verdaderamente límite. Tras recibir las primeras atenciones en Granada, Raúl permanece actualmente ingresado en un hospital de Madrid, "enfrentándose a una nueva vida de gran invalidez". Mientras tanto, su esposa, al cuidado de dos hijos menores, sobrevive en un escenario de absoluta inseguridad por la ausencia del respaldo legal que proporcionaría un avance ágil del procedimiento. La abogada de la familia, Ámbar Zambrano, ha tildado la situación de "crueldad administrativa", argumentando que "que el proceso no avance porque no hay un funcionario en la sección que tramita estas diligencias es inaceptable". Desde el bufete exigen celeridad para que las responsabilidades penales se diriman cuanto antes, recordando que su cliente "no puede esperar a que una baja laboral se cubra para que se reconozca que su accidente era evitable".
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