La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este mes de mayo la prisión provisional para un ciudadano, con domicilio en la provincia de Almería, que fue detenido en enero de 2024 durante una operación internacional de lucha contra el narcotráfico. Según los autos judiciales, era el titular de un velero interceptado en aguas internacionales del Atlántico por un buque de la Armada francesa. A bordo, los agentes hallaron más de una tonelada de cocaína que presuntamente tenía como destino la península ibérica, posiblemente el litoral andaluz.
El investigado había solicitado su puesta en libertad al considerar que su encarcelamiento vulneraba derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad personal y a la defensa. Su versión, defendida por su abogado, es que había sido contratado para reparar la embarcación, que tenía problemas técnicos, con vistas a su posterior venta, y que aceptó el encargo porque necesitaba dinero. Según la defensa, el acusado sufre una grave adicción al alcohol y ya había trabajado anteriormente en arreglos similares.
Una vez en alta mar —sostienen—, comenzó a sospechar por ciertas maniobras que observó, pero no pudo abandonar el barco. Incluso llegó a temer por su integridad física hasta que fueron interceptados por las autoridades navales. Desde entonces permanece en prisión preventiva, primero en Lanzarote (Arrecife) y luego en dependencias de la Audiencia Nacional en Madrid.
El recurso de apelación contra su encarcelamiento fue presentado por su procurador, José Miguel Gómez Fuentes, y defendía que no existe riesgo de fuga, ya que el acusado tiene arraigo en España, menores a su cargo y una residencia fija en Almería. Además, argumentaba que la instrucción está prácticamente terminada, por lo que tampoco existiría riesgo de destrucción de pruebas o reiteración delictiva.
El auto desmonta su coartada
Sin embargo, la Sala ha sido tajante al rechazar los argumentos de la defensa. En el auto 321/2025, dictado el 19 de mayo, el ponente Carlos Francisco Fraile Coloma sostiene que la versión “resulta claramente incompatible con la titularidad, formalmente ostentada por él, del velero en el que se ocupó la droga”.
Pero hay más. La Sala recuerda que formaba parte de la tripulación cuando el barco fue interceptado, lo que fortalece los indicios de que no era un simple técnico, sino una pieza activa en la operación. Aunque el proceso todavía no ha llegado a juicio, los magistrados consideran que el acervo probatorio es lo suficientemente sólido como para mantener la prisión preventiva, en aplicación del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En ese sentido, recalcan que “persiste el riesgo de fuga”, a pesar del arraigo familiar, por la gravedad de las penas que podría afrontar en caso de ser condenado: el tráfico internacional de drogas a gran escala está penado con hasta 9 años de cárcel en su modalidad más severa.
“La prisión provisional se revela como necesaria, adecuada y proporcional para neutralizar el peligro”, señala la Sala, que descarta que medidas menos lesivas como la retirada del pasaporte o las comparecencias periódicas puedan garantizar la presencia del acusado en juicio.
Ruta atlántica y operaciones complejas: ¿Destino Almería?
Aunque el auto no especifica con claridad el destino final del alijo, diversas fuentes próximas al caso indican que la droga tenía como objetivo algún punto del litoral andaluz, posiblemente entre Almería y Málaga, rutas en las que se han detectado otros intentos de desembarco en los últimos años. No sería la primera vez que una embarcación de recreo, de aspecto inofensivo, se utiliza para transportar grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica o la zona del Caribe.
En este caso, el abordaje se produjo en aguas internacionales del Atlántico, lo que añade un elemento de coordinación internacional al operativo. La intervención fue realizada por un buque de la Armada francesa, lo que indica que la operación estaba coordinada entre varios países europeos y no se limitaba a las fuerzas de seguridad españolas. Este tipo de actuaciones suelen estar integradas en el dispositivo MAOC-N (Centro de Análisis Marítimo Europeo de Narcotráfico), con sede en Lisboa, que lleva años detectando veleros cargados con cocaína.
¿Y ahora qué?
El auto, que no admite recurso, pone punto final al debate sobre la situación personal del acusado hasta que se celebre el juicio oral. Este, según señala la propia Sala, podría tener lugar en los próximos meses, dada la madurez de la investigación.
Mientras tanto, continuará en prisión preventiva, una figura que, según ha recordado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, debe utilizarse con carácter excepcional y siempre sujeta a criterios de proporcionalidad y necesidad. En este caso, la Audiencia considera que se cumplen todos los requisitos para mantener la medida.
La defensa insiste en que su cliente es una víctima más de una organización criminal que le utilizó como tapadera, y que la verdad saldrá a la luz en el juicio. La Fiscalía, sin embargo, considera que hay pruebas sólidas de que sabía lo que transportaba y que su papel no fue ni accidental ni inocente.
El trasfondo humano
El caso, más allá de los titulares y los alijos, tiene una dimensión personal. Un hombre con problemas de alcoholismo, con hijos menores en su entorno familiar, al que ahora se le vincula con una trama internacional de narcotráfico que mueve millones. Sea culpable o no, su situación pone sobre la mesa la vulnerabilidad de ciertos perfiles sociales ante el crimen organizado, especialmente en zonas donde la precariedad laboral o la necesidad económica pueden ser caldo de cultivo para los tentáculos del narcotráfico.
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