La investigación sobre el trágico fallecimiento de Lucas, el niño de cuatro años que perdió la vida a finales de 2025 en el municipio de Garrucha, en la provincia de Almería, arroja datos reveladores tras la ampliación de la autopsia. Los especialistas del Instituto de Medicina Legal han confirmado que la causa del deceso fue un shock hemorrágico provocado por un desgarro en el hígado. Según el análisis pericial, esta lesión mortal fue el resultado de un traumatismo abdominal de carácter "violento" en un escenario de politraumatismo generalizado.
Este nuevo dictamen clínico desmorona la estrategia de la defensa de J.D.R.C., pareja sentimental de la madre del pequeño, quien intentó justificar las graves lesiones internas como consecuencia de un supuesto masaje o "sobado" energético. Dicha práctica, enmarcada en un rito de curanderismo para aliviar dolores estomacales, ha sido descartada por los forenses, quienes mantienen la firmeza de su informe original del pasado mes de enero. La titular del juzgado de Vera había solicitado esta aclaración técnica para precisar la autoría y la mecánica de los hechos en el proceso que se instruye por los delitos de asesinato y maltrato infantil.
Los expertos no solo se han centrado en el momento del fallecimiento, sino que han detectado evidencias de un calvario prolongado. El cuerpo del menor presentaba fracturas óseas antiguas en el costado y la pierna izquierda, cuya antigüedad se estima entre tres y seis semanas antes de la muerte. Estas marcas de violencia previa refuerzan la tesis de agresiones continuadas mediante golpes directos, patadas o el uso de objetos contundentes. Incluso se contempla la posibilidad de que el niño fuera proyectado con fuerza contra superficies rígidas de manera reiterada.
El historial de desprotección del menor ya contaba con antecedentes documentados antes de que su cuerpo fuera hallado en un búnker de la costa de Garrucha. Consta un parte médico de octubre de 2025 que detallaba hematomas por todo el tronco y las extremidades, además de mordiscos en la cara y el hombro. A pesar de que sobre el investigado pesaba una orden de alejamiento y prohibición de comunicación dictada apenas un día después de aquel informe médico, la pareja y el niño siguieron compartiendo una habitación alquilada en la localidad almeriense, eludiendo cualquier medida de protección judicial.
La fiscalía sostiene que el principal sospechoso pudo haber atacado de forma sistemática al pequeño ante la presencia de la madre, B.Y.B.O., quien presuntamente no intervino para evitar el fatal desenlace. La instrucción continúa su curso para dirimir las responsabilidades penales de ambos convivientes en un caso que ha conmocionado a la sociedad de Almería por la crudeza de los detalles revelados por la medicina forense.
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