Este pasado 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, la sede del Gobierno andaluz en nuestra provincia se convirtió, una vez más, en el escenario de una protesta. Las pancartas, enarboladas por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, y arropadas por una notable presencia de dirigentes del PSOE almeriense, clamaban contra los plazos de espera en la aplicación de la Ley de Dependencia. Una causa justa, sin duda. ¿Quién puede negar que esperar para recibir una prestación a la que se tiene derecho es una agonía?
El problema, como casi siempre en la política, no está en el qué, sino en el cuándo y, sobre todo, en el porqué. En medio de las consignas, los datos bailaban con una alegría impropia de la seriedad del asunto. Carmelo Plaza, secretario general de UGT Almería, denunciaba ante los medios una espera media de 572 días. A su lado, Ángel González, su homólogo en Comisiones Obreras, elevaba la cifra a 600 días. Un pequeño desfase de un mes que, si bien puede parecer anecdótico, revela una falta de rigor preocupante en quienes se erigen como defensores de los más vulnerables. Si ni siquiera los convocantes se ponen de acuerdo en el diagnóstico, ¿cómo podemos fiarnos del tratamiento que proponen?
Pero aceptemos el dato. Cerca de dos años de espera es, a todas luces, un plazo inasumible. Es un fracaso del sistema que merece ser denunciado. Ahora bien, la indignación, para ser creíble, debe tener memoria. Y aquí es donde la hemeroteca se convierte en un juez implacable.
Resulta que durante los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, con la actual Vicepresidenta Primera del Gobierno de España y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, gestionando primero la sanidad y luego las finanzas andaluzas bajo la presidencia de Susana Díaz, la espera no era de 600 días. Era, atención al dato, de 1.275 días. Sí, han leído bien: tres años y medio de media. Tres años y medio perdidos en la maraña burocrática para acceder a un derecho vital.
Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿Dónde estaban las pancartas de UGT y Comisiones Obreras cuando la espera era el doble? ¿Dónde estaban los cargos del PSOE de Almería denunciando un colapso que condenaba a miles de familias almerienses a la desesperación? El silencio de entonces resuena hoy con un eco atronador, tiñendo la protesta actual con el barniz de la más burda conveniencia política. ¿Protestan por los dos años de espera del gobierno del Partido Popular, pero callaron ante los tres y medio del Partido Socialista?
Se puede entender que el PSOE juegue con esa estrategia, pero lo lamentable es que los sindicatos le hagan el juego, dejando claro que su protesta solo es parte de la campaña electoral socialista.
La amnesia selectiva no se detiene en los plazos. Se quejaban también de la falta de plazas en centros de día y residencias. Otro argumento que se desmorona con los datos oficiales. En los últimos años, con el gobierno del PP en San Telmo, se han creado en Andalucía 7.500 nuevas plazas. De ellas, 5.300 solo en los últimos tres años. Comparemos de nuevo: en el último trienio de gobierno socialista, el que tanto parecen añorar, se crearon únicamente 283 plazas. La diferencia es, sencillamente, abismal. Pasar de 283 a 5.300 y que la protesta se organice precisamente ahora, es una maniobra que ofende a la inteligencia.
Pero el acto final de esta obra de teatro tiene un telón de fondo económico que lo explica todo. La misma María Jesús Montero, que hoy se sienta en el Consejo de Ministros, firma acuerdos para que el Estado cofinancie la dependencia al 50% en territorios como el País Vasco o Cataluña, mientras a Andalucía, la tierra que gobernó, le corresponde apenas un 32%. Este agravio ha generado un déficit acumulado para nuestra Comunidad Autónoma de 5.000 millones de euros. Dinero que, precisamente, serviría para dar esa justa respuesta a las justas demandas que los sindicatos reclaman en la calle.
Es legítimo manifestarse. Es necesario exigir a nuestros gobernantes que cumplan. Pero hacerlo con memoria selectiva, ocultando datos sonrojantes del pasado propio y obviando responsabilidades presentes, no es defender a nuestros mayores. Es, simple y llanamente, utilizarlos como peones en un tablero político donde la única dependencia que parece importar es la que algunos tienen del poder.
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