La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha alertado sobre la posibilidad de que ocho municipios de la provincia pierdan su parada de autobús tras la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de su formación política.
Según la denuncia de la representante popular, esta potencial supresión de servicios afectaría a más de 28.000 ciudadanos residentes en las localidades de Carboneras, Benahadux, Tabernas, Turre, Los Gallardos, Sorbas, Chirivel y Rioja, lo que, a su juicio, provocaría un mayor aislamiento para estos núcleos poblacionales.
Martínez Labella ha calificado la norma impulsada por el Gobierno como una “ley trampa” que, según sus declaraciones, no garantiza ni la movilidad ni la sostenibilidad. Ha señalado que, a pesar de que la ley otorga el derecho a la movilidad a los ciudadanos, el Ejecutivo del presidente Sánchez estaría “despreciando” a quienes viven en los municipios más pequeños y en la España rural. La diputada ha insistido en que la eliminación de estas paradas de autobús supondrá un “hándicap” para el desplazamiento de muchos almerienses, una situación que, ha advertido, se replicará en todo el Estado español, y que evidenciaría la existencia de “ciudadanos de primera y de segunda” para el Gobierno.
La diputada lamentó también la posición del Ejecutivo, al que acusó de “demonizar al vehículo privado” como principal causante de la contaminación y del cambio climático, sin ofrecer alternativas reales para las personas que tienen dificultades para desplazarse por otros medios.
En este contexto, Ana Martínez Labella ha asegurado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso llevará a cabo acciones para evitar la eliminación de cualquiera de las paradas de autobús en la provincia de Almería que pudieran verse afectadas por el Mapa Concesional de Transporte por Carretera. La estrategia pasará por apoyar a las Comunidades Autónomas, que serán las encargadas de prestar estos servicios de manera subsidiaria.
Según la explicación ofrecida por la diputada del PP, el objetivo real del nuevo Mapa Concesional sería la supresión de parte del servicio prestado por el Estado para que sean las Comunidades Autónomas quienes asuman la prestación. Este cambio supondría, siempre de acuerdo con las cifras aportadas por Martínez Labella, un ahorro de 110 millones de euros para el Ministerio. No obstante, el Estado solo dotaría a las Comunidades Autónomas de 25 millones de euros en concepto de ayuda directa mediante mecanismos de compensación durante un periodo de dos años, más 15 millones de euros que las comunidades recaudarían por los ingresos que generen estos servicios una vez sean asumidos.
Finalmente, la diputada ha reiterado que esta “ley trampa” lo único que conseguiría es garantizar “la inmovilidad de Pedro Sánchez del sillón de la Moncloa”.
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