A estas alturas de la película, a nadie le sorprende que el guion de la política en el Estado español lo escriban en una servilleta quienes tienen la mirada puesta únicamente en un código postal muy concreto. Lo que sí logra indignar, incluso al almeriense más curtido en promesas de trenes que nunca llegan, es el surrealismo del nuevo pacto de financiación autonómica. Resulta que las reglas del juego para las 17 comunidades autónomas se han cocinado en un despacho cerrado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una formación cuyo único desvelo es el bienestar de Cataluña —desde su particular óptica— y que, para más inri, ni siquiera gobierna en su comunidad ni forma parte del Ejecutivo central.
Es como si el Estado hubiera decidido que el administrador de una comunidad de vecinos se elija en una reunión secreta con el propietario del 1ºB, que además está peleado con el resto de la planta y solo quiere que le arreglen su terraza. Para que nos entendamos: imaginen que el Gobierno de España pactara la financiación de todo el territorio exclusivamente con Adelante Andalucía, una formación con presencia en el Parlamento andaluz pero sin responsabilidades de gestión ni en la Comunidad Autónoma ni en el Estado. Sería un chiste de mal gusto en cualquier foro, pero aquí es la nota de prensa del viernes. La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, parece haber olvidado que las cuentas de todos no deberían ser el peaje para la tranquilidad de unos pocos.
Lo más fascinante de este acuerdo es el malabarismo ideológico de una izquierda que, mientras se llena la boca con la palabra "solidaridad", aplaude con las orejas el llamado criterio de ordinalidad. Este tecnicismo esconde una realidad muy cruda: si Cataluña es la tercera en aportar, debe ser la tercera en recibir inversiones. Es la muerte del principio redistributivo. Trasladen esto a la capital: sería defender que los impuestos recaudados en el Paseo de Almería se invirtieran mayoritariamente allí mismo, dejando a los barrios con menos recursos las migajas, porque "quien más pone, más recibe".
¿Se imaginan a Oriol Junqueras o a cualquier dirigente de ERC defendiendo este principio dentro de Cataluña? ¿Aceptando que Barcelona, por ser la que más aporta, reciba todo el pastel mientras Lérida o el interior se quedan en blanco? Por supuesto que no. La solidaridad, para ellos, es un concepto que termina donde empiezan las fronteras de su comunidad. Lo que defienden para el Estado no se atreven a aplicarlo en su propia casa porque saben que es, por definición, insolidario.
Además, todo esto parte de un error clave, y es que no tributan los territorios sino las personas físicas y jurídicas que hay en ellos, por lo que, por ejemplo, ese enorme puerto de Algeciras, paga impuestos en Madrid, no en Andalucía, y lo mismo el Puerto de Almería, y eso si hablamos de lo público, pero en lo privado es igual. El dinero que gana Endesa por el consumo eléctrico de los andaluces no tributa en Andalucía, también lo hace en Madrid... y así todo, por eso Madrid es la que más recauda, no es porque Isabel Díaz Ayuso tenga algo especial.
Mientras tanto, la vicepresidenta María Jesús Montero intenta vendernos el crecepelo de que "hay más dinero para todas las comunidades". Claro que lo hay. El dinero no brota espontáneamente en los jardines de la Moncloa ni es fruto de una gestión brillante que haya multiplicado los panes y los peces. Si hay más dinero es porque la inflación ha hecho que el Estado se forre a costa de la mayor recaudación de IVA y otros tributos que salen directamente de los bolsillos de los ciudadanos. No es que el Gobierno sea más generoso, es que el contribuyente está más asfixiado.
El truco final es el aumento del porcentaje de transferencia de impuestos como el IRPF o el propio IVA a las comunidades. A simple vista, a los amantes de la autogestión les puede parecer bien, pero el diablo está en los detalles, y aunque personalmente la idea me gusta, esos detalles echan para atrás. Al vaciar la caja central para contentar las cuotas territoriales, el Estado pierde su capacidad equilibradora. Pierde el músculo financiero para acometer esas grandes infraestructuras que tanto necesita la periferia. Si el Estado tiene menos dinero propio, ¿quién va a pagar el soterramiento del tren en Almería o la conexión con el Puerto, por ejemplo? A las comunidades que ya tienen las infraestructuras hechas, como Cataluña o Madrid, este modelo les viene de perlas. Andalucía es algo ignoto más allád e Despeñaperros para el mapa de inversiones central, y a Almería nos condena a la irrelevancia.
Este sistema no computa para nosotros porque ignora la deuda histórica que el Estado español mantiene con Andalucía. La consejera de Economía, Carolina España, ya ha cifrado en unos 23.000 millones de euros el déficit acumulado por la infrafinanciación de la última década. Este nuevo pacto no solo no compensa lo que se nos debe, sino que pone los cimientos para una nueva deuda. Hemos sido históricamente postergados en beneficio de territorios con mejores altavoces políticos. Si el modelo de financiación se aprueba tal cual, los andaluces estaremos financiando, una vez más, el privilegio ajeno con nuestro propio subdesarrollo. Ya va siendo hora de que Andalucía levante la voz con la misma fuerza con la que otros extorsionan presupuestos.
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