El nuevo emplazamiento se sitúa en un edificio de segundas ventas ubicado estratégicamente entre la lonja y el inmueble Varadero. Este espacio cuenta con despachos equipados en su planta superior y permitirá a los equipos técnicos trabajar de forma coordinada para tramitar los expedientes necesarios. No obstante, para evitar que las escenas de colas interminables se reproduzcan en este nuevo escenario, se ha establecido un sistema obligatorio de cita previa. Los interesados deberán contactar telefónicamente con los números habilitados (617656212, 617656256 o 617628986) en horario de 9:30 a 14:00 horas, teniendo en cuenta que las plazas se asignarán semanalmente y serán estrictamente nominativas, vinculadas al nombre y pasaporte del solicitante para evitar duplicidades.
La seguridad del recinto estará reforzada por la policía portuaria dentro de un plan específico diseñado para que la atención se desarrolle de manera fluida y sin incidentes. El objetivo primordial de este despliegue es facilitar la obtención del certificado de vulnerabilidad, un documento esencial para aquellos inmigrantes que carecen de una oferta de trabajo o que deben justificar que tienen a su cargo a menores o personas con discapacidad. Aunque el puerto será ahora el punto neurálgico en Almería, la presión administrativa se extiende por toda la geografía provincial. En las últimas jornadas se han detectado situaciones de desbordamiento similares en los servicios sociales de la Diputación de Almería y en ayuntamientos de municipios con gran peso de población extranjera como El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar.
Desde el Ayuntamiento de Almería, el edil de Integración Social, Óscar Bleda, se ha mostrado crítico con la gestión de este proceso extraordinario articulado por el Gobierno central. El concejal sostiene que la campaña "no ha estado bien preparada ni coordinada", lo que ha provocado que tanto las organizaciones sociales como las entidades locales se vean sobrepasadas por una demanda que ha "sobrevenido" sin el respaldo logístico necesario. Como respuesta, la administración local ha tenido que reforzar con personal propio áreas clave como el padrón y el registro general para intentar agilizar los trámites. La urgencia es máxima para los usuarios, ya que el plazo para acogerse a esta regularización expira el próximo 30 de junio, lo que explica las recientes escenas de saturación que también se han vivido ante otras instituciones para la obtención de antecedentes penales de los países de origen.
El puerto pesquero de
Almería se convierte desde este lunes en el nuevo epicentro para canalizar la masiva afluencia de personas que buscan regularizar su situación en el país. Tras una semana marcada por las aglomeraciones críticas y las pernoctaciones a la intemperie frente a las sedes de las ONG, las entidades Almería Acoge y Fundación Cepaim han decidido trasladar su actividad a una nave portuaria cedida por la Autoridad Portuaria en colaboración con el consistorio de la capital. Esta medida busca, según los responsables de las organizaciones, otorgar una mayor "dignidad" al proceso y aliviar de forma definitiva las molestias vecinales y la saturación que obligó incluso al cierre temporal de sus oficinas habituales.
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