El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado instar al Gobierno de España a modificar el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que obliga a los veterinarios al registro de todos los antibióticos adquiridos y administrados en PRESVET, Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos, permitiendo así reducir la carga burocrática sobre los veterinarios de los animales de compañía, además de garantizar que prevalezca el criterio profesional veterinario, con el fin de preservar y mantener la salud de los animales.
La propuesta, elevada en forma de moción por los populares y que ha defendido el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, incluye también la petición al Ejecutivo central de reducir el IVA de las clínicas veterinarias pasando del 21% al 10%, así como a aplicar el IVA superreducido del 4% a los medicamentos veterinarios.
Esta iniciativa, ha explicado Urdiales, responde a la preocupación manifestada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería y el colectivo veterinario, quienes han alertado sobre los efectos negativos que esta normativa está teniendo en el bienestar de los animales de compañía y en la práctica veterinaria.
El Real Decreto establece un nuevo sistema de prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios que, según los profesionales del sector, supone una carga burocrática excesiva y limita el acceso a tratamientos esenciales. El registro obligatorio en el sistema PRESVET de todos los antibióticos adquiridos y administrados, así como la constante actualización de la información, ha generado dificultades operativas que afectan a la atención veterinaria y al bienestar animal.
El concejal de Sostenibilidad Ambiental ha señalado que “es fundamental garantizar que los veterinarios puedan ejercer su labor sin trabas administrativas innecesarias, para que los animales reciban los tratamientos adecuados y con la rapidez que requieren”. Asimismo, ha destacado que la actual normativa impone sanciones desproporcionadas que han generado un clima de inseguridad en el sector.
Según los datos aportados por el colectivo veterinario, representado hoy en el Salón de Plenos por su presidenta en Almería, Yasmina Domínguez, son muchos los afectados en nuestro municipio. Se puede hablar de los centros veterinarios homologados, que en Almería son 28, o los colegiados veterinarios en activo, 371. Y si nos vamos al colectivo animal, el más afectado, nos encontramos con más de 41.000 animales registrados, donde más del 90% son perros.
Además de la modificación del Real Decreto, la moción del Grupo Municipal Popular solicita la reducción del tipo impositivo del IVA veterinario del 21% al 10%, y la aplicación del tipo superreducido del 4% a los medicamentos veterinarios. Esta medida busca aliviar la carga económica de los propietarios de animales y mejorar el acceso a servicios esenciales como vacunaciones, esterilizaciones y cirugías.
Un Real Decreto que, según Urdiales, “no cumple sus objetivos y encima suben los costes de los cuidados veterinarios, poniendo en peligro el bienestar de algunos animales”, ha denunciado, llevando en muchos casos “a que los propietarios no puedan hacer frente a los gastos derivados de la atención médica necesaria para sus mascotas como vacunaciones, esterilizaciones o cirugía”, ha añadido.
Respecto del tipo impositivo, del 21% de IVA, Urdiales ha insistido en una tasa sobre los servicios veterinarios en animales de compañía “que encarece considerablemente los tratamientos, perjudicando especialmente a los propietarios más vulnerables y afectando negativamente al bienestar animal”.
Unas medidas, según el edil popular, “que además de afectar al bolsillo de las familias, están generando una situación crítica en los Centros de Protección y Adopción Animal. Vemos animales de compañía muchas veces abandonados por no poder costear su atención veterinaria, se acumulan en estos centros, lo que pone en peligro la salud y el bienestar de estos animales y merma la eficacia de los propios centros. Además, este incremento de coste puede desmotivar a los futuros adoptantes que podrían desistir de su intención de adoptar, provocando el colapso del sistema”, ha recalcado.
La moción se ha aprobado con los votos favorables de Partido Popular, Vox y Podemos-IU-Los Verdes con Almería y la abstención del Grupo Municipal Socialista.
“Tijeretazo” del Gobierno al Plan Corresponsables
El Pleno ha hecho suya además la moción, también elevada para su debate y aprobación por el Grupo Municipal Popular, exigiendo al Gobierno el mantenimiento de la financiación íntegra y estable del 100% del Plan Corresponsables.
Y se reclama así frente al “tijeretazo” anunciado por el Ejecutivo por el que las comunidades tendrán que abonar el 25% de la cuantía para poner en marcha los programas de conciliación familiar en los periodos de vacaciones escolares, la creación de bolsas de cuidado profesional para familias con menores, el fomento del empleo de calidad en el sector de los cuidados y la formación en corresponsabilidad, especialmente dirigida a hombres.
La concejala popular Paola Laynez ha denunciado la “irresponsabilidad” del gobierno con este recorte que afecta directamente también a los ayuntamientos, calificando como “injustificable” que, “con los presupuestos prorrogados y sin previo aviso, partidas dispuestas desde el año 2021, como es esta, a pesar de ejecutarse con toda clase de obstáculos por parte del propio Gobierno, se vean ahora reducidas, restando capacidad a los ayuntamientos para seguir impulsando políticas sociales en materia de conciliación”.
Estamos ante “un recorte más en materia social del Gobierno de Sánchez desde que anunció la inversión de los 10.000 millones de euros en defensa sin explicar de dónde iba asalir la financiación y sin pasar por el Congreso de los Diputados. Nos queda claro que se lo quita a los que más lo necesitan”, concluía.
La moción ha contado con el voto favorable del PP, en contra del Grupo Municipal Socialista y la abstención de Vox y Podemos-IU-Los Verdes con Almería.
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