La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez, y el primer edil de Oria, Marcos Reche, han formalizado la prórroga del acuerdo de colaboración que permite a menores con medidas judiciales no privativas de libertad realizar trabajos en beneficio de la sociedad dentro del municipio. Esta iniciativa busca que los jóvenes cumplan con sus obligaciones legales sin despegarse de su realidad cotidiana, facilitando una rehabilitación más directa y efectiva.

A través de este convenio, los participantes desempeñan labores de apoyo en agrupaciones de Protección Civil, mantenimiento de recintos deportivos, cuidado de zonas verdes o asistencia a colectivos en situación de vulnerabilidad. Estas acciones se ejecutan siempre bajo el dictado de las autoridades judiciales y se presentan como una alternativa constructiva a las sanciones tradicionales.

Según ha explicado la delegada territorial, estas prestaciones poseen un valor que va más allá del simple trabajo no remunerado, destacando que "la Prestación en Beneficio de la Comunidad tiene una doble dimensión: reparadora y educativa". Gómez ha hecho hincapié en que el objetivo es que el menor atraviese un proceso de asunción de responsabilidades, comprenda las consecuencias de sus actos y se involucre en compensar a la ciudadanía por el perjuicio ocasionado.

El diseño de estas actividades no es genérico, sino que los especialistas en justicia juvenil confeccionan itinerarios personalizados. En estos planes se tienen en cuenta variables como la edad, el contexto familiar y el tipo de infracción cometida, garantizando que el cumplimiento de la medida sea compatible con la formación académica o laboral del joven. Además, el seguimiento es constante para asegurar que la intervención ayude a evitar futuros comportamientos delictivos, implicando también a los tutores legales en este camino de corrección social.

En la actualidad, Oria cuenta con cuatro menores ejecutando este tipo de medidas por faltas de carácter leve. El hecho de que puedan realizar estas tareas en su propio pueblo evita desplazamientos innecesarios y refuerza su vínculo con los vecinos. Para la representante de la Junta de Andalucía, se trata de transformar un error de conducta en una lección de civismo, permitiendo que el ayuntamiento actúe como guía en este proceso de reorientación personal.

Por su parte, Marcos Reche ha valorado positivamente la continuidad de este marco de colaboración, incidiendo en que la participación del municipio ayuda a que la sociedad perciba estas sanciones como herramientas útiles y proporcionadas. Para el alcalde, ver a los jóvenes trabajar por el bien común fortalece la convivencia urbana y el respeto por el patrimonio de todos. Con este paso, las instituciones implicadas consolidan en la provincia de Almería una estrategia de justicia juvenil basada en la pedagogía y la cooperación institucional.