El polémico caso del hotel de El Algarrobico, ubicado en el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), ha dado un nuevo giro tras casi dos décadas de litigios judiciales. El Ayuntamiento de Carboneras ha avanzado en la corrección de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para declarar el paraje de El Algarrobico como no urbanizable, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2016, ratificada por el Tribunal Supremo en 2018. Sin embargo, tanto organizaciones ecologistas como la Junta de Andalucía han expresado que, aunque se han dado pasos significativos, aún quedan trámites pendientes para que la reclasificación sea completamente efectiva.
El conflicto en torno al hotel de El Algarrobico, una construcción de 21 plantas situada a escasos 14 metros del mar, comenzó en 2003, cuando el Ayuntamiento otorgó una licencia de obras a la promotora Azata del Sol. Desde entonces, el proyecto ha sido objeto de numerosas sentencias judiciales que han declarado ilegal la construcción por vulnerar la Ley de Costas y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural, que protege esta área desde 1994. En 2006, la obra fue paralizada al 95% de su ejecución, dejando una mole de cemento que se ha convertido en un símbolo de la especulación urbanística en la costa española.
Recientemente, el consistorio de Carboneras ha remitido al TSJA documentación técnica, incluyendo un informe elaborado por un arquitecto municipal, que corrige errores previos en el PGOU. Estos errores, calificados inicialmente como "tipográficos" por el Ayuntamiento, fueron señalados por la Junta de Andalucía y organizaciones ecologistas como Greenpeace, que consideraron que la redacción inicial del acuerdo no cumplía con los términos exigidos por la sentencia. El TSJA había anulado en junio de este año un acuerdo plenario del Ayuntamiento por no ajustarse adecuadamente a la normativa, exigiendo una reclasificación clara de los sectores ST-1 (El Algarrobico) y ST-2 (El Canillar) como no urbanizables.
La Junta de Andalucía, que ha desempeñado un papel activo en el seguimiento del caso, solicitó en mayo la publicación de un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería para formalizar la anulación del acuerdo defectuoso. Este paso, junto con la reciente corrección del PGOU, ha llevado a la administración autonómica a considerar que el Ayuntamiento está más cerca de cumplir con la sentencia. Sin embargo, tanto la Junta como Greenpeace han subrayado que la modificación no será efectiva hasta que se complete su publicación en el BOP y se registre en el Registro de Instrumentos Municipales de la Junta de Andalucía, trámites que aún están pendientes.
Por su parte, Greenpeace ha insistido en que el Ayuntamiento de Carboneras lleva nueve años incumpliendo la sentencia de 2016, acusándolo de emplear tácticas dilatorias para retrasar el proceso. La organización ecologista ha propuesto que la Junta explore la expropiación forzosa de los terrenos, una medida que ya ha sido iniciada por el Gobierno central para los suelos ubicados en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Este proceso de expropiación, anunciado en febrero de 2025 por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, busca agilizar la demolición del hotel, cuyo coste se estima en 7 millones de euros. Sin embargo, la Junta ha calificado esta iniciativa como una "deslealtad", defendiendo que la vía más rápida para resolver el caso es la revisión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento, un trámite que también lleva años estancado.
El TSJA, por su parte, ha intensificado la presión sobre el consistorio, liderado por el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos). En los últimos meses, el tribunal ha emitido varias providencias exigiendo al Ayuntamiento que informe periódicamente sobre los avances en la revisión de la licencia y la reclasificación de los terrenos. En marzo de 2025, el TSJA dio un ultimátum de un mes al alcalde para acreditar el inicio de la revisión de la licencia, amenazando con medidas legales, como multas o incluso la remisión del caso a la Fiscalía. A pesar de estas advertencias, el consistorio ha argumentado dificultades técnicas, como la falta de un arquitecto municipal, y ha solicitado asistencia a la Diputación de Almería, que denegó la ayuda, y a otros ayuntamientos, como el de Garrucha, sin que estos esfuerzos hayan culminado en una solución definitiva.
El caso de El Algarrobico ha generado tensiones no solo entre el Ayuntamiento y las administraciones autonómica y central, sino también entre estas últimas. La Junta de Andalucía insiste en que la responsabilidad recae exclusivamente en el consistorio, mientras que el Gobierno central apuesta por la expropiación como una solución paralela para acelerar la demolición. Esta discrepancia ha reavivado el conflicto institucional, recordando tensiones previas como las surgidas por la gestión de Doñana. A pesar de ello, ambas administraciones han convocado una reunión de la comisión mixta para el 4 de marzo de 2025, con el objetivo de buscar una solución consensuada.
Mientras tanto, el hotel sigue en pie, desafiando las resoluciones judiciales y las expectativas de quienes abogan por la restauración del paraje. Ecologistas en Acción y Greenpeace han reiterado la necesidad de cooperación entre todas las administraciones para cumplir las sentencias y proceder al derribo, un proceso que, según la Junta, podría completarse en seis meses si se ejecutan los trámites pendientes. Sin embargo, la historia de El Algarrobico, marcada por dos décadas de recursos, sentencias y maniobras administrativas, sugiere que la resolución definitiva aún podría estar lejos.
Aunque el Ayuntamiento de Carboneras ha avanzado en la corrección de su PGOU, la falta de publicación oficial y la demora en la revisión de la licencia mantienen el caso en un limbo judicial. La presión de los tribunales, la intervención del Gobierno central y la vigilancia de las organizaciones ecologistas podrían ser clave para desbloquear este símbolo de la lucha contra el urbanismo descontrolado en España.
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