Carboneras declara El Algarrobico como suelo protegido tras orden judicial

El Ayuntamiento de Carboneras ha dado un paso significativo al aprobar la modificación de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta decisión implica clasificar como sueldo no urbanizable de especial protección el terreno donde se ubica el polémico hotel de Azata del Sol, conocido como El Algarrobico.

La votación se llevó a cabo en el Pleno del jueves, y contó con el respaldo del alcalde Salvador Hernández, del partido Ciudadanos, así como de los concejales del Partido Popular y el edil Andrés Belmonte, quien se encuentra sin adscripción política. Sin embargo, el concejal no adscrito Felipe Cayuela optó por abstenerse, al igual que tres ediles socialistas que decidieron no participar en la votación.

Adaptación a la Sentencia Judicial

Durante la sesión, la secretaria municipal presentó una propuesta que ajusta el planeamiento urbanístico a lo dictado por la justicia. Esto incluye correcciones cartográficas en las zonas ST-1 y ST-2, donde se localiza el hotel. Una vez ratificada, la nueva normativa será registrada y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la página web del Ayuntamiento antes de ser enviada oficialmente al TSJA y a la Junta de Andalucía.

Esta acción responde a un mandato del TSJA, confirmado por el Tribunal Supremo en abril de 2018, que había anulado previamente la clasificación urbanística que permitía la construcción del hotel dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La decisión judicial instaba al Ayuntamiento a formalizar este cambio para poner fin al contencioso iniciado en 2006.

Controversia entre los Ediles

El concejal socialista Francisco Capel ha criticado duramente el proceso, tildándolo de “maniobra fraudulenta”, y acusando al alcalde de desatender las resoluciones judiciales. Capel leyó extractos del informe elaborado por la secretaria municipal, que señalaba irregularidades administrativas y una falta de documentación esencial, además de advertir sobre la “absoluta indefensión” provocada por una acumulación excesiva de funciones y escasez de personal técnico y jurídico en el Ayuntamiento.

A pesar de las críticas, el alcalde Salvador Hernández defendió la legalidad del procedimiento adoptado. Afirmó que la votación era un requisito impuesto por el tribunal y reafirmó su compromiso con “el cumplimiento total de las sentencias”. Además, reiteró su intención de expropiar y demoler el hotel con apoyo tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central.

Intervención de Greenpeace

Este avance en el proceso judicial coincide con el anuncio por parte de Greenpeace sobre su intención de personarse en la revisión oficial de la licencia del hotel, también ordenada por el TSJA. La organización ecologista ha denunciado que el Ayuntamiento ha incluido documentación “engañosa” en el expediente con miras a facilitar la legalización del edificio.