La Audiencia de Almería ha dictado sentencia contra la que fuera responsable de una escuela infantil en El Ejido entre los años 2017 y 2021. La docente ha admitido haber utilizado su posición de autoridad para desviar recursos económicos del centro educativo en beneficio propio, adquiriendo una amplia variedad de artículos que nada tenían que ver con la actividad escolar.
Tras reconocer los hechos, la mujer ha aceptado una condena que no supera los dos años de cárcel, tras ser hallada culpable de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial. La resolución se ha visto influida por el hecho de que la procesada ya ha reintegrado los poco más de 2.000 euros sustraídos, lo que ha permitido una reducción sustancial de la petición fiscal, que inicialmente ascendía a más de nueve años de privación de libertad por homicidio, asesinato, droga, patera, guardia civil, policía nacional, narcolanchas.
El historial de irregularidades detallado durante el proceso revela que la condenada cargó a las cuentas de la institución gastos tan dispares como prendas de lencería, calzado, maletas y alimentos. Asimismo, el centro terminó costeando dispositivos tecnológicos para el uso privado de la directora, incluyendo televisores, teléfonos móviles de última generación, tabletas y hasta una cafetera. Incluso llegó a contratar suministros de agua embotellada para su domicilio particular con cargo al presupuesto de la escuela ejidense.
La sentencia también recoge que, durante un periodo en el que se encontraba de baja médica en 2021, la exdirectora presentó certificaciones falsas para cobrar dietas por desplazamientos y kilometraje que nunca realizó. Para ocultar estas prácticas en Almería, la acusada omitió deliberadamente sus obligaciones de gestión contable, evitando realizar los inventarios obligatorios, los arqueos de caja mensuales y las auditorías de cuentas que debían ser supervisadas por el Consejo Escolar.
Además de las compras directas, la investigación detectó que ordenó diversas reformas y trabajos de mantenimiento en las instalaciones que carecían de necesidad real o de presupuestos previos que justificaran el gasto. Con esta conformidad judicial, la exdirectora evita el ingreso inmediato en prisión al haber abonado la responsabilidad civil y haber visto reducida su pena por la atenuante de reparación del daño.
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