El Congreso de los Diputados acoge este martes un intenso debate sobre el futuro del Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura clave para el sureste español y un persistente foco de disputa territorial y política. La jornada parlamentaria incluye la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por la Asamblea Regional de Murcia en 2023, que busca "blindar" el acueducto y mantener los principios reguladores de la Ley del Memorándum de 2014.
La defensa de la iniciativa corre a cargo del presidente murciano, Fernando López Miras, quien ha llegado a Madrid respaldado por un frente común con la Junta de Andalucía, subrayando la importancia vital del trasvase para la agricultura y el desarrollo de sus regiones. La proposición surge en un momento de particular sensibilidad, coincidiendo con la revisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de las reglas de explotación del trasvase, motivada por la necesidad de adaptar los caudales a las exigencias de los planes hidrológicos y las sentencias judiciales que establecen caudales ecológicos para el río Tajo.
El debate pone de manifiesto, una vez más, la profunda división que genera el agua entre territorios y formaciones políticas. Mientras las comunidades del sureste defienden la seguridad jurídica y la continuidad de los caudales trasvasados, Castilla-La Mancha, comunidad de origen del agua, mantiene una postura crítica, alineada con la necesidad de proteger el río Tajo y cumplir con las determinaciones ambientales y judiciales. Esta comunidad mantiene una oposición frontal a lo que considera extracciones excesivas que menoscaban la salud del río Tajo. Desde esta comunidad autónoma, se defiende el cumplimiento estricto de los caudales ecológicos y se apela al Pacto Regional por el Agua de 2022, que concibe los trasvases como un recurso extraordinario para situaciones de necesidad real. La consejera castellano-manchega de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha llegado a tildar la proposición murciana de "ilegalidad" a la luz de las resoluciones judiciales existentes.
La discusión en el hemiciclo sitúa a los principales partidos a nivel nacional, PSOE y PP, en una posición incómoda. Para el Partido Popular, promotor de la iniciativa a través de la Asamblea murciana, la votación representa una oportunidad para reafirmar su compromiso con los regantes del sureste. Sin embargo, la búsqueda de apoyos se presenta compleja, enfrentando posibles reticencias de diputados de otras comunidades e incluso de otras formaciones que podrían plantear enmiendas que, paradójicamente, acaben restringiendo aún más el trasvase.
El Partido Socialista, por su parte, afronta una delicada situación de equilibrio. Atrapado entre la defensa que sus federaciones en el sureste hacen del trasvase, considerado irrenunciable, y las demandas de otras comunidades y sectores ecologistas, el PSOE busca evitar que la modificación de las reglas de explotación, que tramita el Gobierno central, llegue al Congreso en un contexto de alta confrontación. La votación de hoy forzará a sus diputados a definir su posición, evidenciando las tensiones internas y el desafío de conciliar intereses territoriales contrapuestos.
La jornada se prevé intensa, con la intervención de diversos grupos parlamentarios que expondrán sus posturas, reflejando la complejidad de una cuestión que trasciende lo técnico para adentrarse de lleno en el terreno de la política territorial y la gestión de un recurso escaso y fundamental. El resultado de la toma en consideración de la proposición de ley, que se conocerá tras el debate, marcará un nuevo hito en la prolongada pugna por el agua del Tajo-Segura y definirá el camino legislativo de una propuesta que busca blindar una infraestructura vital para miles de ciudadanos y explotaciones agrícolas en el Levante español.
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