El bloqueo del convenio del manipulado llega al Parlamento

La situación laboral en el sector del envasado y manipulado de frutas, hortalizas y flores en Almería ha entrado en una fase crítica de parálisis. Desde que el convenio colectivo provincial expirara el pasado 31 de diciembre de 2024, las negociaciones se encuentran totalmente estancadas. Según ha manifestado la federación de Industria de CCOO, la responsabilidad recae directamente en la postura adoptada por las asociaciones empresariales, a las que acusan de frenar cualquier avance en la consolidación de los derechos básicos de los empleados.

Máximo Arévalo, responsable provincial de Industria del sindicato, ha alertado de que la parte empresarial no solo rechaza las mejoras alineadas con el Estatuto de los Trabajadores, sino que busca establecer condiciones que califica de "retroceso brutal". Entre las propuestas de la patronal que han encendido las alarmas sindicales se encuentran jornadas que podrían alcanzar las 54 horas a la semana, la limitación de los sueldos estrictamente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la implantación de horarios irregulares con pagos por horas, eliminando así las salvaguardas mínimas para los trabajadores.

Frente a este escenario, las centrales sindicales reclaman una subida salarial del 4% por encima del SMI —que para este 2026 se ha fijado en 1.221 euros al mes tras la reciente actualización del Gobierno—. Asimismo, exigen que la jornada laboral se ajuste a las 40 horas semanales que marca la legislación vigente, dejando atrás las 46 horas que contemplaba el acuerdo anterior.

Desde el sindicato se ha puesto el foco en la vulnerabilidad del colectivo, recordando que el 80% de la mano de obra en estos almacenes son mujeres, muchas de ellas de origen migrante. Estas trabajadoras se enfrentan diariamente a ritmos de producción agotadores y riesgos ergonómicos que derivan en dolencias crónicas. A esto se suma una alta temporalidad contractual y serias dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, una realidad que contrasta con las cifras macroeconómicas del sector, que genera más de 2.300 millones de euros anuales y exporta la gran mayoría de su producción a Europa.

Esta problemática ha saltado ya a la arena política. El PSOE ha impulsado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de la Junta de Andalucía con el objetivo de debatir sobre la "precariedad estructural" de esta industria clave para el sureste español. La iniciativa parlamentaria propone la creación de un Plan Integral con recursos económicos para dignificar el trabajo femenino, programas específicos de prevención de riesgos con enfoque de género y la puesta en marcha de una mesa sectorial permanente.

Para los representantes de los trabajadores, este movimiento institucional es fruto de la presión sindical tras meses de negociaciones infructuosas. Ya a finales de 2025 se produjeron movilizaciones ante la sede de Coexphal ante la falta de acuerdos tras casi diez encuentros. Por su parte, la patronal ha recomendado a sus asociados aplicar un incremento del 2,5% desde principios de año, un gesto que CCOO tilda de "maniobra" unilateral que no satisface las necesidades reales de la plantilla ni sustituye la necesidad de un convenio colectivo sólido y negociado.