El escándalo de las presuntas mordidas que sacude a la provincia de Almería entra en una fase decisiva. El juzgado que instruye la causa sobre las irregularidades contractuales fraguadas en el seno de la Diputación de Almería ha ordenado la comparecencia de las cuarenta y tres personas señaladas por los últimos informes policiales para tratar de esclarecer el alcance del entramado.
El magistrado Manuel José Rey Bellot ha comunicado a las partes su intención de interrogar de manera progresiva a todos los sospechosos durante las próximas jornadas. Esta medida busca dar un impulso sustancial a unas diligencias que han avanzado lentamente desde sus inicios. Tras exigir previamente a las autoridades policiales un documento que resumiera el grado de participación de cada individuo, el instructor considera prioritario escuchar sus testimonios mientras se culmina el análisis forense de los teléfonos móviles intervenidos a comienzos de año.
El amplio abanico de comparecientes abarca tanto a representantes del sector privado como a destacados miembros de la esfera institucional. Por un lado, pasarán por el juzgado treinta y tres profesionales vinculados a unas veinticinco compañías proveedoras. Por otro, se sentarán ante el juez diez personas estrechamente ligadas a la función pública y sus entornos familiares. En este segundo bloque destacan figuras como el antiguo máximo responsable de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, sus exvicepresidentes Óscar Liria y Fernando Giménez, así como el antiguo regidor de Fines, Rodrigo Sánchez, y el actual parlamentario provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez.
La investigación de este caso se ha ido complejizando desde aquel primer golpe de junio de dos mil veintiuno que acabó con el arresto de Liria y varios contratistas, hasta la segunda redada que, en el otoño del año pasado, alcanzó a la plana mayor de la corporación. Según los expertos policiales, la red desplegó sus tentáculos en tres frentes distintos. Todo habría comenzado con la polémica adjudicación de dos millones de euros para material de protección durante la crisis sanitaria, a lo que se unieron sospechas de amaños en obras públicas.
El tercer eje de la trama revela una oscura circulación de liquidez. Sobre este aspecto, los investigadores subrayan la "aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita" que involucra al expresidente, a sus hermanos, a una sociedad familiar y a otros socios. En el corazón de esta maquinaria, Liria habría operado "como intermediario en el cobro de las comisiones", encargándose presuntamente de recaudar los fondos para luego distribuirlos entre los distintos cargos políticos.
A este escenario de presuntos sobornos e influjo de influencias se suma un nuevo filón: el uso indebido de las arcas públicas para financiar escapadas. Los agentes han destapado desplazamientos del expresidente provincial que, bajo una falsa pátina institucional, no incluían "ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial". El caso más llamativo documentado es una visita a Madrid a finales de junio de dos mil veinticinco junto a una empleada del organismo. Aunque el pretexto del viaje, que costó casi dos mil euros al erario, era asistir a una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias, los seguimientos policiales demostraron que la pareja dedicó las jornadas a pasear, cenar y alojarse en hoteles sin pisar jamás las instalaciones de la entidad municipalista.
Agenda
Si (
No(
