El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente la Orden APA/85/2026, de 9 de febrero, una normativa que introduce cambios significativos en la gestión de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo y que afecta de manera directa a la operatividad de la flota en la provincia de Almería. Esta disposición ministerial modifica el plan de gestión establecido originalmente en 2020, ajustando las zonas y periodos de veda espaciotemporal para este año con el fin de cumplir con las exigencias de la Unión Europea y asegurar el rendimiento máximo sostenible de las especies clave en el litoral. Para los profesionales del sector en Almería, la medida supone un periodo de inactividad obligatoria para las artes de arrastre de fondo que se extiende desde el 1 de febrero hasta el 5 de marzo, ambos días inclusive.
Esta restricción no solo comprende la franja costera que une a la provincia de Almería con la de Granada, delimitada entre la demora de 165 grados desde un punto específico de coordenadas y el meridiano 003 grados 47,1 minutos oeste, sino que también integra plenamente a la reserva de pesca del entorno de la isla de Alborán y sus caladeros adyacentes. El objetivo biológico primordial de este cierre temporal es la protección de los reproductores y juveniles de especies de alto valor comercial y ecológico, tales como la merluza europea, la gamba roja del Mediterráneo, la gamba blanca, la cigala, el salmonete de fango y el langostino moruno. Según los informes científicos que sustentan la orden, estas áreas son críticas para el desove y la concentración de ejemplares por debajo de las tallas mínimas, por lo que el cese de la actividad extractiva durante estas semanas es vital para la recuperación de las poblaciones.
La modificación de los límites espaciales y temporales responde a una necesidad de adaptación legislativa ante el nuevo Reglamento (UE) 2026/266 del Consejo, publicado tras las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea a finales de 2025. Esta normativa comunitaria establece el denominado mecanismo de compensación, un sistema que permite a los buques del Estado español acceder a días de pesca adicionales siempre que cumplan con medidas de conservación rigurosas, como estas paradas de al menos cuatro semanas ininterrumpidas. La actualización de los calendarios en el litoral almeriense ha contado con la consulta previa al sector pesquero afectado y a las comunidades autónomas, además de disponer del aval técnico mediante el informe del Instituto Español de Oceanografía, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
A nivel jurídico, la orden se ampara en la Ley 5/2023 de pesca sostenible e investigación pesquera, que otorga al Ministerio la potestad de prohibir o limitar el ejercicio de la pesca en determinadas zonas basándose en la mejor información científica disponible para garantizar la sostenibilidad económica y el fomento del empleo en las comunidades dependientes del mar. El texto subraya que estas vedas son el instrumento más eficaz para regular el esfuerzo pesquero de la flota de arrastre, manteniendo la coherencia con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y buscando la máxima eficacia con los menores costes posibles para los pescadores. La implementación de estas zonas protegidas en Almería se suma a un esfuerzo coordinado en todo el litoral mediterráneo, donde otras provincias como Murcia o Málaga también enfrentan cierres específicos en diferentes periodos del año.
Este proceso de actualización normativa ha sido constante en los últimos años, con modificaciones previas en 2023, 2024 y 2025, buscando siempre un equilibrio entre la mejora biológica de la merluza y la adaptación a las circunstancias particulares de cada flota local. En el caso de Almería, la veda establecida hasta el 5 de marzo pretende ser una medida de inversión a largo plazo para la rentabilidad de las empresas pesqueras de la provincia, asegurando que los caladeros del mar de Alborán mantengan su productividad frente a la presión extractiva. La orden ministerial ha entrado en vigor de forma inmediata tras su publicación, consolidando el nuevo marco de trabajo para el presente ejercicio 2026.
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