En el teatro de la política española, donde los discursos se han convertido en el arte supremo de la ilusión, el Gobierno del Estado, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha enarbolado la bandera de la Agenda 2030 y la emergencia climática con una devoción casi litúrgica. No hay intervención, mitin o foro donde no se invoque el "negacionismo" de la ultraderecha —concretamente la que representa Santiago Abascal en Vox—, a la que se acusa de querer "desmantelar la agenda climática" y "banalizar" los efectos de fenómenos trágicos como la DANA.
El propio Sánchez, haciendo gala de su habitual dramatismo, llegó a exigir elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana para evitar que un hipotético pacto entre el Partido Popular y Vox se cargase el compromiso verde, llegando a asegurar que su Gobierno cumpliría los compromisos "para salvar vidas". Palabras mayores, vestidas de heroísmo climático.
Pero, como suele ocurrir con los grandes espectáculos, el telón se levanta para revelar una realidad bastante más prosaica y, lo que es peor, incoherente. El reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de Puertos del Estado —organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Óscar Puente— es una bofetada de realidad a toda esa retórica.
Puertos del Estado, esa pieza clave en la logística que toca de cerca a nuestra provincia de Almería, ha tenido que devolver a Bruselas la friolera de más de 313.000 euros de los fondos comunitarios. ¿El motivo? Incumplir los criterios de sostenibilidad exigidos por la Unión Europea. El dato más hiriente es que casi 200.000 euros se destinaron a proyectos que, tras una auditoría de la Comisión Europea, fueron declarados sencillamente no elegibles como inversión verde.
Traducido al idioma de la calle, que es el que entiende el contribuyente: la entidad que debería ser un ejemplo de eficiencia en la ejecución de la política de sostenibilidad del Gobierno, ha destinado fondos destinados a reducir en un 40-55% las emisiones de gases de efecto invernadero (el famoso hito 98 de la UE) a cosas que, a ojos de Bruselas, no tenían nada de verdes.
Se ve que la consigna de salvar vidas a través de la Agenda 2030 tiene letra pequeña. Una letra que, por lo visto, permite saltarse los hitos obligatorios de la UE mientras se critica a otros por su supuesta "banalización" de la emergencia climática. ¿Es esta la manera en que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) defiende el Pacto Verde? ¿Acusando a la ultraderecha en Valencia, mientras una entidad bajo su mando directo devuelve cientos de miles de euros por usar mal los fondos de sostenibilidad? La hipocresía, si no fuera por el dinero de todos que se pierde, sería digna de estudio en la Academia de las Artes Escénicas.
Pero la cosa no se queda ahí. El Tribunal de Cuentas, con su estilo sobrio pero demoledor, destapa otras perlas de gestión. A cierre de 2024, Puertos del Estado solo había transferido un pírrico 32,2% de los fondos disponibles. Esto es, el Estado tiene el dinero para hacer proyectos que nos saquen de la crisis y modernicen infraestructuras, pero es incapaz de ejecutar ni siquiera un tercio.
Y si la lentitud es alarmante, el control interno roza lo cómico. El organismo fiscalizador denuncia que las autoridades portuarias solo realizaron una revisión interna sobre el 10% de los expedientes de contratación. Sí, el 90% restante no se revisó porque no superaba los tres millones de euros. Una excusa de manual que ignora la posibilidad de controles aleatorios que, se supone, estaban contemplados.
Por no hablar del Plan de Medidas Antifraude, un requisito básico para gestionar estos fondos. Puertos del Estado contrató a una empresa externa para su elaboración, pero el Tribunal de Cuentas echa de menos la justificación de la urgencia para esta contratación y la acreditación de la elección del adjudicatario. Un detalle menor, supongo, para el Gobierno que se autoproclama campeón de la transparencia.
Mientras el Gobierno del Estado pontifica sobre la moral climática y la lucha contra el negacionismo, sus propias estructuras gestionan los fondos europeos con una laxitud que raya el desprecio por la rigurosidad. El problema no es solo la pérdida de 313.000 euros que hubiesen servido para algo productivo, sino el descrédito que se arroja sobre la seriedad del proyecto de la Agenda 2030.
La próxima vez que el presidente Sánchez o cualquier miembro de su Ejecutivo den una lección de moralidad climática y acuse a otros de negacionistas, quizás deberían recordar que el mayor acto de negacionismo es ignorar las propias irregularidades. Porque no hay peor negacionismo que el de los hechos, y en este caso, los hechos huelen a chapuza administrativa y a un discurso de doble vara que, francamente, ya no hay quien se trague.
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