Por estas fechas, los pueblos de la provincia de Almería se engalanan para sus fiestas patronales. Verbena, procesión, concursos de paella, alguna orquesta con versiones de Camela (¿o eso ya no se lleva?), fuegos artificiales… y, cómo no, festejos taurinos. Esas corridas, novilladas, encierros o espectáculos de dudoso gusto donde el protagonismo se lo lleva un señor que tiene como prefesión ser "matador", y una partida presupuestaria que, aunque parezca anecdótica, siempre acaba saliendo del bolsillo del contribuyente.
En medio del sopor veraniego, mientras el calor revienta los termómetros y los vecinos buscan sombra bajo los toldos del bar, cabría preguntarse con algo más de serenidad si tiene sentido seguir financiando espectáculos taurinos, especialmente cuando el interés social por ellos es cada vez menor y las necesidades locales, mucho mayores.
Los defensores de la tauromaquia suelen apelar a su impacto económico como si se tratase del pilar de la economía "nacional". Y es cierto que, a gran escala, los números tienen su brillo: según distintos estudios, la tauromaquia puede mover entre 1.600 y 4.500 millones de euros al año, incluyendo turismo, hostelería y otros sectores que se ven indirectamente beneficiados. También es cierto que genera ingresos fiscales y empleos (unos 200.000 según estimaciones de 2013, de los cuales menos de un tercio serían directos, y si nos atenemos a fijos o permanentes, la cifra es mucho menor).
Sin embargo, conviene matizar. Este impacto económico no se reparte de manera uniforme, y mucho menos en municipios pequeños como los de Almería. Objetivamente se busca el lucimiento de tener toros, aunque no vaya nadie ¿De verdad se llena un pueblo porque haya una novillada? ¿Cuanto deja en los bares, más o menos que un fin de semana sin ellos? ¿Cuanto paga el ayuntamiento por el festejo de modo directo a la empresa, o cuantas entradas le compra para financiarlo de modo indirecto, regalándolas luego a los vecinos? ¿Y el coste del mantenimiento de la infraestructura, de la seguridad, de la Policía Local, de la ambulancia, de Protección Civil? ¿Se recupera la inversión municipal con la venta de entradas y el supuesto “turismo taurino”? En la mayoría de los casos, no. Las cuentas no salen. Se gasta más de lo que se ingresa, y ese desequilibrio se cubre con dinero público, muchas veces de forma poco transparente.
Ojo, que eso mismo se puede decir de las subvenciones a espectáculos como Dreambeach u otros, con la diferencia de que al menos a éstos, acude el público en masa, lo que por otro lado convierte en injustificable la ayuda pública.
La opacidad en torno a las ayudas públicas al mundo del toro es, cuanto menos, inquietante. Aunque se suele repetir que las subvenciones estatales son mínimas —unos 65.000 euros en premios en 2019—, la realidad es que buena parte del músculo financiero del sector proviene de ayudas autonómicas, locales y europeas. Andalucía, por ejemplo, destinó en 2022 más de 4 millones de euros para ganaderías de lidia, además de otras partidas para escuelas taurinas y fundaciones.
Y eso sin contar con las subvenciones camufladas en forma de apoyo a peñas, encierros o espectáculos populares, que solo en 2019 costaron 42 millones de euros a 1.820 municipios. En otras palabras: el dinero no cae del cielo, lo pone el ayuntamiento, es decir, lo ponen los vecinos. Los mismos vecinos a los que les faltan pediatras en verano, les sobran baches en las calles y esperan desde hace años que arreglen el polideportivo.
En los pueblos almerienses, este tipo de festejos se organizan como parte de una tradición inamovible, con la bandera de lo cultural por delante. Pero esa tradición cuesta dinero. Y no poco.
Mientras el dinero sigue fluyendo hacia el toro, el público hace justo lo contrario: se aleja. En 2021-2022, solo el 1,9% de la población española asistió a algún espectáculo taurino. Un descenso notable respecto al 7,8% de 2019. La caída es más llamativa aún entre la población adulta, aunque los adolescentes de 15 a 19 años muestran un leve repunte de asistencia, probablemente más por la adrenalina de los encierros populares que por afición real a la lidia.
En cambio, los festejos populares siguen proliferando, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes, que concentran el 77% de estos eventos. ¿Por qué crecen? Porque se financian. Porque hay dinero público que los sostiene. Porque algunos ayuntamientos siguen creyendo que sin toros no hay fiesta. Aunque cada vez sea menos quien aplauda.
La tauromaquia tiene sin duda un peso histórico y cultural. Negarlo sería negar siglos de tradición, literatura, pintura, cine y folclore. Pero en pleno siglo XXI, la cultura no puede ir desligada de la ética ni de la responsabilidad pública. No todo lo que es tradicional debe ser financiado sin preguntas. Y menos aún cuando implica sufrimiento animal, un modelo económico discutible y un gasto público cuya rentabilidad social es más que cuestionable.
En Almería, como en otros puntos del Estado, muchos pueblos siguen destinando parte de su escuálido presupuesto a organizar corridas o espectáculos taurinos. A veces por inercia, otras por presiones locales, y en ocasiones por el simple hecho de “hacer lo de siempre”. Pero ese “siempre” cada vez convence menos. Porque mantener una tradición a base de subvenciones y sin público es, como poco, hacer malabarismos con el dinero ajeno.
¿Y si en lugar de pagar por espectáculos cada vez más vacíos, ese dinero se destinara a actividades culturales más inclusivas, educativas o sostenibles? ¿Y si se fomentaran propuestas que no implicaran sufrimiento animal? ¿Y si en lugar de subvencionar encierros en pueblos donde ya apenas queda población joven, se invirtiera en becas, talleres, música, cine o deporte?
La tauromaquia no desaparecerá de un día para otro. Pero el debate no es si debe morir o sobrevivir, sino si debe seguir alimentándose de fondos públicos mientras agoniza. Si queremos una cultura viva, ética y responsable, tal vez haya que dejar de mirar al ruedo… y empezar a mirar al tendido.
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