La violencia desatada en las calles de Ceuta ya no admite rodeos ni paños calientes. Lo sucedido con el vehículo de la diputada local Julia Ferreras (de la formación Ceuta Ya!) no es un incidente aislado, sino el síntoma de un polvorín que lleva semanas ardiendo, y por lo tanto, a punto de explotar. Una multitud enfurecida acorraló y destrozó su automóvil —con la parlamentaria y sus acompañantes aterrorizados en el interior— al confundirlos con miembros de una plataforma de apoyo a los migrantes procedente de Navarra (a la que algunos han señalado como proetarra... quizá por tener un nombre en euskera). Que la turba pretendiera linchar a cooperantes o a representantes políticos resulta secundario frente a la gravedad del hecho: la ley de la selva se ha instalado en la vía pública sin que nadie alce la voz en los centros de decisión.
El panorama que se vive en la ciudad autónoma roza el descontrol absoluto. Se multiplican las patrullas ciudadanas de autoprotección compuestas por personas con el rostro cubierto y portando armas de fuego, quienes afirman ante las cámaras de televisión salir a impartir su propia disciplina violenta contra los extranjeros irregulares. A este escenario se suman peleas constantes grabadas a plena luz del día y por la noche también, prostitución de menores en ciertas barriadas, incendios de vehículos y la quema intencionada de asentamientos ilegales levantados en las playas.
Frente a esta espiral insostenible, la parsimonia de la burocracia estatal adquiere tintes grotescos. En el Estado español, la eficacia institucional es selectiva: si Hacienda decide rastrear el último céntimo en la declaración de la renta de un agricultor del Campo de Dalías o de un comerciante de la capital almeriense, la maquinaria funciona con una precisión quirúrgica e implacable. Sin embargo, para filiar a los miles de migrantes que malviven en Ceuta, los servicios estatales avanzan a un ritmo exasperante de apenas 100 fichas diarias. Los 1,2 millones de expedientes para regularizar inmigrantes se ejecutó en un mes, pero en Ceuta la cosa...
Las contradicciones del Gobierno del Estado son patentes. Del relato inicial que aseguraba la presencia de apenas un millar de personas en la zona se ha pasado a admitir que la cifra real podría rondar los 18.000 o incluso los 20.000 migrantes según la última declaración del ministro Ángel Victor Torres. Las matemáticas no engañan: a 100 filiaciones por jornada y sin expediente alguno de expulsión tramitado —más allá de las salidas voluntarias hacia Marruecos—, la resolución administrativa de la crisis se posterga indefinidamente.
Mientras la ciudadanía ceutí contempla con impotencia la degradación de sus barrios, resulta imposible no formular una pregunta amarga: ¿Qué están esperando en el Gobierno para reaccionar? ¿A que la tensión acumulada desemboque en una tragedia irreversible con muertos de por medio o a que estalle una rebelión violenta en las calles? Mantener los brazos cruzados ante un clima social que arde por los cuatro costados deja de parecer incompetencia para asemejarse a una irresponsabilidad deliberada.
