Las fronteras éticas parecen volverse tan elásticas y difusas que, ante el menor sismo judicial, los implicados recurren a una coreografía de excusas que ya roza el ridículo. Es la eterna excusa de mal pagador: culpar a la ausencia de una norma escrita de aquello que, en realidad, pertenece al ámbito de la más elemental decencia.
El último exponente de este teatro de lo absurdo lo protagoniza el expresidente del Gobierno del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, lo ha citado a declarar como investigado para el próximo 2 de junio en el marco del caso Plus Ultra. El juez aprecia indicios de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» y rastrea cerca de dos millones de euros que presuntamente terminaron en el entorno del exlíder socialista, incluyendo cuentas vinculadas a sus hijas a través de una sociedad publicitaria. Ante semejante panorama, el coro de tertulianos de guardia no ha tardado en entonar la habitual salmodia: el problema, aseguran con gravedad fingida, es que en el Estado no existe un «Estatuto del Expresidente» que regule las actividades de lobby.
La pirueta argumental choca de frente con la hemeroteca y los datos duros. El Estado ya contempla asignaciones y medios para quienes han ocupado la jefatura del Ejecutivo, incluyendo oficina, personal de apoyo y coche oficial. Ocurre que José Luis Rodríguez Zapatero prefirió renunciar a la asignación económica vitalicia para poder entregarse libremente a sus particulares aventuras empresariales y de mediación. Nada objetable si hubiera decidido dedicarse a dar charlas, presidir fundaciones sin ánimo de lucro, o escribir libros que nadie lee pero quedan bien en el catálogo de las editoriales, pero utilizar la ascendencia política para hacer de puente de oro entre intereses privados y administraciones públicas dista mucho de ser una simple laguna legal. No hacía falta un reglamento de cien páginas para intuir que esa ventanilla debía permanecer cerrada.
Este guion de la indefensión normativa es exactamente el mismo que se ha desplegado para proteger a Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras una instrucción del juez Juan Carlos Peinado, se enfrenta a un próximo juicio ante un jurado popular acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y la presunta apropiación indebida de un software desarrollado para la Universidad Complutense. De nuevo, la defensa de sus terminales mediáticas se reduce a pedir un «Estatuto de la Esposa del Presidente». Como si una persona adulta, con trayectoria profesional, necesitara un manual de instrucciones aprobado en el BOE para comprender que, si su cónyuge preside el Estado, no resulta muy estético registrar a su nombre herramientas digitales financiadas de forma pública, ni actuar como conseguidora de contratos para empresas que dependen de los presupuestos estatales. Si la pareja de quien ostenta el poder es profesional del derecho, lo razonable y ético sería que se dedicara a los pleitos de divorcio o a la propiedad horizontal, manteniéndose convenientemente alejada de cualquier licitación pública.
De aceptar esta lógica burocrática, el Estado tendría que legislar un catálogo interminable de parentescos. Habría que redactar el estatuto de los hijos, de los hermanos, de los cuñados y de las parejas de hecho de cada alto cargo para explicarles, negro sobre blanco, qué cosas no se pueden tocar.
En Andalucía no necesitamos que nos refresquen la memoria sobre este asunto; ya nos doctoramos hace años en el examen de los entornos familiares. Cuando se airearon los negocios de los hijos de Manuel Chaves con la empresa Matsa y las Minas de Aguas Teñidas, o cuando trascendieron las gestiones de su hijo intermediando ante la propia administración autonómica, los ciudadanos de la provincia de Almería y del resto de la Comunidad Autónoma identificaron perfectamente la maniobra. En aquel entonces nadie argumentó que faltaba un «Estatuto del Hijo del Presidente de la Junta»; se sabía perfectamente lo que era.
Llegar a la Presidencia del Gobierno del Estado otorga privilegios evidentes, pero también exige servidumbres y renuncias estrictas. Los expresidentes tienen garantizados ingresos legítimos. Pretender que la codicia o la imprudencia solo se pueden frenar mediante un decreto ley hecho a medida no es más que una burda distracción. No hacen falta más leyes, sino los niveles mínimos de ética que se le presuponen a cualquiera que aspire a dirigir los asuntos públicos.
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