El humo blanco ha salido finalmente del Parlamento andaluz, y Juan Manuel Moreno Bonilla repetirá como presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo hará, cómo no, tras un pacto de última hora con Vox que eleva a Manuel Gavira a la categoría de vicepresidente. Desde la provincia de Almería, tierra que sabe bien lo que es trabajar bajo el sol sin que nadie regale nada, el acuerdo se contempla con una mezcla de asombro y fina ironía. Y es que, analizando la letra pequeña del documento programático, cuesta entender de qué se sienten tan satisfechos en las filas de la formación de Santiago Abascal. Si esto es una victoria cultural, la rendición debe ser algo muy parecido a unas vacaciones pagadas.
Durante años, los portavoces de Vox han mantenido un discurso inflexible, elevando a la categoría de irrenunciables banderas como el pin parental, la erradicación del concepto de violencia de género en favor de la violencia intrafamiliar, o la cruzada implacable contra lo que denominaban la "religión" o "fanatismo climático". Pues bien, todo ese arsenal ideológico se ha quedado en agua de borrajas. La pomposa batalla cultural contra las leyes ideológicas ha quedado sepultada en apenas dos párrafos perdidos en un mar de folios y sin menciones concretas. Del pin parental ya no queda ni rastro exigible, las menciones climáticas se han diluido convenientemente y los conceptos de género se han suavizado tanto que parecen redactados por el ala más moderada del Partido Popular. Se han dejado tantos pelos en la gatera que el felino político ha salido del despacho de negociación prácticamente esquilado.
Para disimular semejante escabechina programática, han decidido fiarlo todo a un gran trofeo de escaparate: la llamada "prioridad nacional". Sin embargo, cuando se pasa el algodón de la rigurosidad jurídica, el trofeo resulta ser de bisutería. El texto reduce este concepto a una mera cuestión de "arraigo territorial", una fórmula que, para colmo de males, ya está recogida en numerosas normas vigentes. El sarcasmo de la medida se explica solo: bajo este nuevo criterio, un inmigrante legal que lleve cinco o seis años asentado en cualquier municipio de Andalucía tendrá más derechos de acceso a determinadas ayudas que un andaluz que en su día tuvo que emigrar a Madrid o a Cataluña y ahora decida regresar a su tierra. Resulta ciertamente paradójico que un partido que hace bandera de la identidad nacional acabe dejando a los retornados en el furgón de cola.
En lo que respecta a la inmigración y a la gestión de los menores extranjeros no acompañados, el acuerdo vuelve a chocar de frente con la cruda realidad del reparto competencial. Por mucho que se empeñen en firmar exigencias sobre el papel, el Gobierno de la Comunidad Autónoma carece de competencias ejecutivas en materia de fronteras o de extranjería, las cuales corresponden en exclusiva al Estado. Al final, la legislación general y la Constitución Española se imponen, por lo que a este nuevo Ejecutivo andaluz solo le quedará el derecho al pataleo; un ejercicio de gesticulación estéril que el propio Partido Popular ya sabe ejecutar perfectamente en solitario sin necesidad de socios. Lo mismo ocurre con la prometida Ley de Concordia: aunque deroguen la normativa autonómica actual, la ley vigente a nivel del Estado en materia de memoria democrática seguirá plenamente operativa, limitando cualquier margen de maniobra real. Para las personas en situación irregular, el marco no cambia un ápice, puesto que la norma estatal ya restringe sus derechos exclusivamente a la asistencia humanitaria y sanitaria básica.
Para justificar las poltronas, el nuevo socio de coalición ha elegido gestionar once materias de gobierno, entre las que destacan Turismo y Justicia. La elección de Turismo no engaña a nadie: la Comunidad Autónoma de Andalucía es una potencia sectorial, lo que les permitirá colgarse medallas de oro ajenas y hacerse fotos provechosas sin arriesgar demasiado. El verdadero regalo envenenado llega con la cartera de Justicia. Quizás en su ingenuidad teórica pensaron que controlar este departamento los convertiría en jueces capaces de dictar el destino de los hijos tras un divorcio o de teledirigir los tribunales. Nada más lejos de la realidad. La administración de justicia arrastra problemas estructurales crónicos, carencia de medios y conflictos laborales endémicos que ahora estallarán directamente en sus manos.
Al frente de este invento se sitúa el flamante vicepresidente, Manuel Gavira. Será interesante observar la evolución del personaje bajo el viejo aforismo de "veremos cómo es Manolillo cuando tenga el carguillo". Hasta ahora, la solvencia y la altura política demostradas por el diputado gaditano han sido más bien discretas, limitadas a la retórica parlamentaria y al mitin de consumo interno. Gestionar una parte del presupuesto público —estimado en unos 1.200 millones de euros para sus áreas— exige una capacidad de gestión que dista mucho de los eslóganes de campaña. La realidad institucional es una trituradora implacable que no entiende de discursos grandilocuentes. Pronto descubriremos si el nuevo vicepresidente tiene la talla que el cargo requiere o si, como parece indicar este acuerdo tan descafeinado, todo se reduce a un intercambio de principios por sillones oficiales.
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