La Junta de Andalucía destina 71.622 euros a la asistencia jurídica de reclusos

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha realizado el primer abono de la subvención anual destinada a los colegios de abogados que prestan asistencia a personas privadas de libertad. En total, se han destinado 71.622 euros para garantizar los derechos de los internos en centros penitenciarios, una medida que beneficia directamente a varios colegios andaluces, incluido el de Almería.

Según un comunicado oficial, esta transferencia es parte del compromiso del gobierno andaluz con la defensa de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Los colegios de abogados en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Antequera recibirán cada uno 5.382 euros para apoyar la labor de sus letrados en la atención a reclusos.

El Colegio de Abogados de Cádiz ha recibido la mayor parte del financiamiento debido a su ubicación estratégica, ya que alberga varios centros penitenciarios como Puerto I, II y III, así como Botafuegos en Algeciras y los Centros de Inserción Social (CIS) en Algeciras y Jerez. La subvención para Cádiz asciende a una cantidad significativamente mayor que la destinada a otros colegios.

Sevilla también ha sido beneficiada con una subvención de 16.008 euros para sus profesionales legales que brindan apoyo a internos en diversas instalaciones penitenciarias, incluyendo las cárceles de Sevilla y Morón de la Frontera.

El consejero José Antonio Nieto destacó la importancia del trabajo realizado por estos abogados: "Son una garantía de que se respetan y cumplen los derechos de los internos". Esta afirmación subraya el papel crucial que juegan los letrados en el sistema judicial y penitenciario andaluz.

Andalucía cuenta con trece centros penitenciarios y siete CIS, además del Psiquiátrico Penitenciario ubicado en Sevilla, que está programado para trasladarse al edificio rehabilitado de la prisión femenina de Alcalá. Según datos recientes del Ministerio del Interior, hasta junio pasado había 13.144 personas recluidas en estos centros andaluces, siendo el 94 % hombres.

Esta iniciativa refleja el compromiso continuo del gobierno andaluz por asegurar el acceso a la justicia y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal.