El secretario de Organización del PSOE de Almería y cabeza de lista al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha señalado que la sanción impuesta por la Junta Electoral de Zona de Huércal-Overa al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, “confirma la campaña sucia” que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno de Moreno Bonilla durante el periodo electoral.
Ayala ha explicado que el acuerdo de la Junta Electoral responde a una denuncia presentada por el PSOE de Almería por la visita realizada recientemente por el consejero al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, donde, según ha indicado, “repasó inversiones, destacó logros y anunció actuaciones futuras”, cuando está expresamente prohibido hacerlo.
Debido a eso, la Junta Electoral ha resuelto multar a Antonio Sanz con 300 euros por vulnerar lo dispuesto en el artículo 50.2 de la LOREG, relativo al deber de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral, requiriéndole además para que cese de forma inmediata en este tipo de actuaciones y retire las publicaciones relacionadas con la visita objeto de la denuncia.
El dirigente socialista ha subrayado que esta resolución “viene a confirmar lo que ya habíamos advertido”, en referencia a las actuaciones del Gobierno andaluz durante estas semanas, y ha considerado “paradójico” que Moreno Bonilla reclamara una campaña limpia mientras, según ha afirmado, su propio Ejecutivo ha actuado en sentido contrario.
De la misma manera, ha criticado que el consejero tratara de trasladar una imagen de mejora en ese centro sanitario a pesar de que, a su juicio, representa “la zona cero del deterioro de la sanidad pública en Andalucía”, tras ocho años de gestión del Partido Popular.
Para el secretario de Organización del PSOE de Almería, esta actuación constituye “una vulneración grosera de la ley electoral” que, según ha señalado, evidencia “el nerviosismo de Moreno Bonilla ante los resultados del 17 de mayo”, una cita que ha definido como “un referéndum sobre el estado de la sanidad pública en Andalucía”.
Campañas sucias
A raíz de esta noticia cabe recordar que la Junta Electoral Central ha formalizado diversas sanciones económicas contra altos cargos del Gobierno de España tras certificar infracciones del deber de neutralidad durante los periodos electorales de las pasadas elecciones generales. El presidente del Gobierno ha sido multado con un importe de 2.200 euros debido a la realización de manifestaciones con contenido valorativo y electoralista durante una rueda de prensa oficial en Bruselas, donde utilizó su comparecencia institucional para verter críticas contra el PP y otras formaciones de la oposición. Esta resolución subraya que el aprovechamiento de actos financiados con fondos públicos para emitir juicios de valor que favorezcan a las siglas del PSOE o perjudiquen a sus rivales políticos supone una vulneración de los principios de igualdad y transparencia que deben regir en el Estado español durante los procesos de votación.
En la misma línea, el Tribunal Supremo ha confirmado las sanciones impuestas a la entonces ministra portavoz, quien acumuló multas por un valor total de 4.700 euros al quebrantar reiteradamente el principio de neutralidad desde la sala de prensa del Consejo de Ministros. Las sentencias judiciales han desestimado los recursos presentados por la defensa de los cargos públicos, argumentando que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de un gobernante debe estar supeditado al respeto institucional cuando se actúa en nombre de la administración pública. Estas actuaciones, que también afectaron a otros miembros del gabinete como la ministra de Educación, han sido calificadas como una quiebra de la equidad electoral, reforzando la doctrina de que los espacios de comunicación del Gobierno no pueden transformarse en instrumentos de propaganda partidista en ninguna circunstancia.
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