El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha decretado el archivo provisional de la investigación por la muerte de cuatro ejemplares de especies vulnerables de gacela y un arruí en la Finca Experimental La Hoya, dependiente de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), tras los conciertos del ciclo Alamar celebrados en junio de 2023. La magistrada Clara Eugenia Hernández, en un auto emitido el pasado 13 de junio, no aprecia responsabilidad penal en la actuación del Ayuntamiento de Almería, tal como había solicitado la Fiscalía.
En su resolución, la jueza desestima continuar con las diligencias solicitadas por los denunciantes —PSOE, IU, Podemos y el propio CSIC—, entre ellas, la declaración como testigos de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y del concejal de Cultura, Diego Cruz, al considerar estas declaraciones "innecesarias" debido a la "numerosa prueba documental" recabada.
Falta de "intencionalidad" en el maltrato animal
La magistrada subraya que, para que exista un delito de maltrato animal, debe probarse una "conducta dolosa", es decir, una intención de causar daño, algo que no se ha demostrado en este caso. Añade que el Ayuntamiento de Almería actuó en base a informes favorables y que no hubo constancia de que los responsables municipales conocieran los posibles efectos negativos de los conciertos sobre la fauna.
"Ni la EEZA advirtió antes de los conciertos sobre estos riesgos, ni hay pruebas de que el Consistorio buscara perjudicar a los animales", señala el auto. Aunque reconoce que podrían haberse tomado "más cautelas", como cambiar de ubicación los eventos, la jueza concluye que las muertes no fueron "intencionadas".
Cumplimiento de la normativa ambiental
El fallo también descarta un delito contra el medio ambiente, destacando que el Ayuntamiento de Almería realizó mediciones acústicas y controles previos en los Jardines del Mediterráneo, anexos a La Hoya. Los informes demostraron que se cumplió con "toda la normativa protectora".
"El Ayuntamiento actuó conforme a la ley para minimizar el impacto ambiental, y todos los informes fueron favorables", recalca la resolución. Aunque las necropsias apuntaron a que el estrés por el ruido pudo influir en las muertes, estos resultados no son concluyentes y, en todo caso, no implican dolo por parte del Consistorio.
La decisión judicial, recurrible en apelación, cierra provisionalmente un caso que generó notable controversia en la ciudad, aunque deja abierta la puerta a posibles acciones civiles.
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