El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Pablo Venzal, ha pedido que se investigue como “macrocausa la financiación financiación ilegal del Partido Socialista y las mordidas de todos los responsables políticos que han tenido que ver en esta cuestión”, al tiempo que ha exigido la dimisión de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por “mirar para otro lado” ante la corrupción que afecta al Gobierno de España y al PSOE en nuestro país.
Venzal, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa una proposición no de Ley (PNL) que el Grupo Popular llevará al Pleno de la semana que viene sobre adjudicaciones de obras públicas afectadas por las mordidas del PSOE en Andalucía, ha subrayado que se trata de “una trama” y que “no son tres señores haciendo de la suyas”. “Para que esto pase hacen falta funcionarios de alto nivel que planifican, elaboran, diseñan pliegos, hacen las adjudicaciones discrecionales, acuerdan los modificados y acuerdan las liquidaciones para que salgan las mordidas”, ha añadido.
A juicio del portavoz adjunto del Grupo Popular, “es una trama que tiene ramificaciones en Andalucía, con el delegado del Gobierno y su entorno y con obras en toda Andalucía”, un extremo que --ha insistido-- “no se monta por tres en un Peugeot dando vueltas”. “Por eso pedimos una macrocausa que investigue coordinadamente la financiación ilegal del Partido Socialista y las mordidas para que se esclarezcan los hechos, sin perjuicio de que se tenga que abrir alguna pieza separada”.
“La señora Montero está absolutamente deslegitimada y debería haber presentado ya su dimisión por culpa in eligendo o in vigilando, y porque además de no haber vigilado, no haber auditado, no haber hecho un presupuesto, ha permitido desde su ministerio, mirando para otro lado, que parte de su entorno se lucre”, ha argumentado Venzal.
Ha lanzado varias preguntas sobre la también secretaria general del PSOE andaluz en relación a este asunto: “¿Es que la señora Montero no tenía mecanismos para impulsar la Intervención General para auditar previamente esas licitaciones multimillonarias? ¿Es que no tenía mecanismos para, a posteriori, hacer control financiero y muestreo de esas actuaciones? ¿En qué está la señora Montero?”, se ha preguntado. A lo que se ha respondido él mismo diciendo que a lo que la vicepresidenta se dedica a es “intentar seguir a flote”.
En su opinión, Montero “tenía que haber presentado ya su dimisión si tuviera un mínimo de responsabilidad, más allá de ser la palmera del señor Sánchez” y ha recordado que “hace ocho a que entramos en negro en España tras el nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista”. “Hace ocho años inauguramos el octenio negro del socialismo en España y también de un Gobierno que atenta contra la evolución y mejora de la calidad democrática”.
La duplicación del endeudamiento, hasta cerca de dos billones de euros; la subida de la presión fiscal, la no deflactación por tramos de la tarifa de los impuestos de la renta, la falta de Presupuestos Generales del Estado o la falta de control en la ejecución de las obras, son algunas de las cuestiones a las que se ha referido Vental para describir “la foto fija de la política económica del Gobierno del señor Sánchez y la señora Montero”.
Proposición no de Ley de repulsa por la gestión arbitraria de las obras públicas
En concreto, a través de la PNL sobre las mordidas de obras en Andalucía que el PP llevará al Pleno, se pretende que el Parlamento de Andalucía muestre su más profundo rechazo y repulsa por la gestión arbitraria por parte del Gobierno de la obra pública en España y en Andalucía, entre las que se citan, entre otras actuaciones, la obra de ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, dos obras de la línea de alta velocidad Murcia Almería, el desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios (Sevilla) o la N-322 en Jaén.
Asimismo, en la iniciativa se propone que el Parlamento inste a la Delegación del Gobierno a dar explicaciones e información transparente sobre las adjudicaciones de la A-63 y la A-32. Se insta, además, al Gobierno de España a que todas estas licitaciones de obras sean auditadas y fiscalizadas, especialmente si han tenido modificados
Igualmente, la PNL incluye instar al Gobierno de España a emplear todos los resortes de la LCSP para compensar los daños económicos que se hayan podido ocasionar por las mordidas y a que el Ejecutivo central informe semestralmente al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre el desarrollo de las actuaciones que se realicen para el esclarecimiento de las licitaciones que se investigan.
El rechazo a la política económica del Gobierno, con la merma de la calidad en la contratación del sector público, y la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales de los controles preventivos en los grandes contratos de obra pública, son otros de los puntos de la iniciativa, en la que se pide también reforzar recursos y competencias de la Oficina Independiente de Contrtación (OIReScon) y la creación de un canal de denuncia interno para mitigar y minimizar las prácticas corruptas en obras públicas, de manera que se facilite a empleados públicos y empresas que puedan advertir sobre posibles irregularidades.
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