La salud es uno de esos campos que, por su naturaleza, debería permanecer blindado frente a la refriega y la dialéctica cortoplacista de la política. Sin embargo, en el juego de trincheras que es habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía, observamos cómo el sistema de salud, y en concreto el sensible asunto del cribado de cáncer de mama, ha sido convertido en una burda arma arrojadiza.
Recientemente, la tensión subió varios enteros cuando el parlamentario por la provincia de Almería, Mateo Hernández (PSOE-A), elevó significativamente el tono para exigir la dimisión del delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte. ¿El motivo? Una supuesta "mentira" del delegado al asegurar que en nuestra provincia no se habían producido casos de retraso en la comunicación de resultados dudosos del cribado.
La exigencia política, por muy legítima que sea, debe sostenerse sobre un rigor factual inquebrantable. Y es en el análisis minucioso de las declaraciones donde la acusación del Partido Socialista se desmorona como un castillo de arena.
El delegado Belmonte hizo sus declaraciones en un acto con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, un evento celebrado en La Rambla Federico García Lorca y encabezado por la asociación AMAMA (Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Almería).
Es crucial repasar el contexto: la presidenta de AMAMA, en esa misma comparecencia pública, manifestó que a la asociación no le constaba ningún retraso en la información a las mujeres almerienses con un diagnóstico dudoso. En línea con esto, el delegado de Salud se hizo eco de la información que le proporcionaban tanto la asociación de pacientes como el Hospital Universitario Torrecárdenas, el centro que lidera este programa en la provincia. Su respuesta a los medios fue clara: "No me consta" que haya casos, añadiendo que si alguien tenía conocimiento de alguno, debía ponerlo sobre la mesa para que fuera analizado.
La clave radica en el verbo: no constar no es lo mismo que negar la existencia. El delegado informó con la información de la que disponía en ese momento, basada en el conocimiento de las asociaciones de pacientes y los registros hospitalarios. No mintió; se limitó a reflejar la ausencia de constancia y denuncia formal.
La actualidad, no obstante, ha revelado la magnitud del fallo a nivel de la Comunidad Autónoma. Tras la puesta en marcha por la Junta de Andalucía, bajo el Gobierno del Presidente Juanma Moreno, de un plan de choque para agilizar la revisión de los casos con resultado no concluyente, se han detectado diez casos en la provincia de Almería que sí sufrieron un retraso.
Pero, de nuevo, el rigor es indispensable. Estos diez casos en Almería no implican diez diagnósticos de cáncer demorados. Son diez mujeres a las que no se les comunicó en tiempo y forma que debían someterse a una segunda prueba, un nuevo cribado, por haber obtenido un resultado dudoso. Es un fallo administrativo grave, que genera incertidumbre, sí, pero no valida la acusación de mentira del delegado, quien se basó en los datos de un sistema que, en ese momento, no había reconocido la magnitud del error.
La crítica del Partido Socialista, que llegó a través del parlamentario José Luis Sánchez Teruel y otros portavoces, parece inscribirse más en una estrategia de desgaste político que en una búsqueda de soluciones. Se ha utilizado la salud, un tema de extrema sensibilidad, como una herramienta electoral de bajo vuelo.
La ironía es que esta estrategia del miedo y el desprestigio ignora la ampliación de la población diana del programa de cribado por parte del actual Gobierno de la Junta. El aumento del rango de edad al que se realiza la prueba ha permitido que más mujeres puedan detectar y, por tanto, salvar su vida.
Además, el foco selectivo del PSOE obvia los avances en prevención oncológica que se están implementando ahora en la Comunidad Autónoma, como la extensión a nuevos programas de cribado: el de cáncer de colon o el de cáncer de cérvix, programas que no estaban en marcha o no tenían el mismo desarrollo durante sus etapas de gobierno. Estos cribados también salvan vidas, y su puesta en funcionamiento no ha merecido el mismo aplauso por parte de la oposición.
Señalar el error administrativo, exigir responsabilidades políticas, es un deber de la oposición. Pero convertir un error de comunicación y gestión, que fue reconocido por el propio Gobierno autonómico, en una burda acusación de mentira personal contra el delegado territorial Juan de la Cruz Belmonte con fines puramente partidistas, es una táctica que siembra desconfianza en el sistema de salud. Al final, los más perjudicados por este alarmismo innecesario son los ciudadanos de nuestra provincia, que ven cómo su sanidad pública se utiliza como moneda de cambio en el debate político.
Al delegado de Salud se le podrán achacar otras cuestiones de gestión o política sanitaria, pero en el caso concreto del cribado de cáncer de mama, la evidencia de la hemeroteca y el análisis semántico desmienten la acusación de haber mentido.
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