La sostenibilidad y la calidad marcan el futuro de la competitividad turística en Almería

Un reciente informe elaborado por expertos para la Fundación Cajamar pone el foco en la necesidad urgente de transformar el modelo turístico actual para asegurar su viabilidad a largo plazo, con una incidencia directa en territorios como la provincia de Almería. El documento subraya que apostar exclusivamente por el incremento en el número de visitantes, en detrimento de la calidad de los servicios y la oferta, compromete la competitividad futura del sector. Entre los principales factores de riesgo identificados destacan la precariedad laboral, la saturación de los destinos más emblemáticos y los efectos derivados del cambio climático, elementos que ya muestran síntomas de agotamiento en el sistema.

La investigación advierte de que el afán por completar el aforo de playas, establecimientos hoteleros, monumentos y locales de restauración no constituye una garantía de prosperidad. Por el contrario, esta tendencia hacia la masificación puede derivar en conflictos con los residentes locales y una pérdida de valor del destino. Ante este escenario, el informe hace un llamamiento a la renovación del sector, planteando la sostenibilidad como el eje vertebrador de cualquier estrategia de crecimiento. La realidad climática, que se manifiesta en la provincia con inviernos notablemente cálidos, se presenta paradójicamente como una oportunidad para fomentar actividades al aire libre durante todo el año y avanzar de forma efectiva en la desestacionalización del turismo.

Para dar respuesta a estos retos, el estudio señala la innovación y la implementación de nuevas tecnologías como herramientas indispensables. Dado que cada entorno y cada empresa enfrentan desafíos específicos según su contexto geográfico y social, la innovación debe adaptarse para ofrecer soluciones precisas a las problemáticas de cada territorio. El éxito del sector en España es una realidad constatada, pero su evolución y liderazgo dependen ahora de la capacidad de adaptación a criterios de sostenibilidad ambiental y social, garantizando un equilibrio que proteja los recursos naturales y la calidad de vida en el Estado español.