El sector de los cuidados atraviesa una profunda crisis estructural que se ha hecho visible a través de movilizaciones en todo el Estado español. En la provincia de Almería, aproximadamente tres mil personas, fundamentalmente mujeres, se dedican profesionalmente al servicio de ayuda a domicilio, un pilar básico para garantizar el bienestar de los ciudadanos dependientes. La distribución de esta plantilla sitúa a más de mil profesionales en Almería capital y a unos quinientos en El Ejido, repartiéndose el resto por los distintos municipios de la provincia. Carmen Martínez, trabajadora en activo de este sector a sus 63 años, ha detallado en Almería de Cerca de 7TV Almería la situación de desprotección, desgaste físico y opacidad administrativa que sufren diariamente bajo la gestión de las empresas privadas concesionarias del servicio.
El laberinto contractual y la complejidad de las nóminas
Uno de los principales ejes de conflicto se encuentra en las condiciones de contratación y la gestión de las jornadas laborales. Según relata Martínez, existe una tendencia generalizada en las empresas privadas a realizar contratos a tiempo parcial, habitualmente establecidos entre 20 y 25 horas semanales, a pesar de que en la práctica las empleadas terminan realizando cerca del doble de tiempo. Este exceso de jornada no se abona de manera directa como horas extraordinarias, sino que se deriva a una bolsa de horas de difícil fiscalización para el trabajador.
La afectada asegura de forma tajante que "para ver esto hay que hacer un máster", en alusión a la complejidad para interpretar unas nóminas donde se mezclan conceptos decimales, horas complementarias, antigüedad y el prorrateo de las pagas extraordinarias. Ante esto, el colectivo reclama la generalización de los contratos a jornada completa de 38 horas y media, el máximo contemplado en el convenio actual, para asegurar una estabilidad salarial y evitar que las retribuciones disminuyan de forma imprevista ante la baja o el fallecimiento de un usuario.
El impacto en la salud
El esfuerzo físico que requiere la atención a grandes dependientes en domicilios que no se encuentran adaptados constituye otro de los graves problemas del colectivo. Martínez incide en que la escasez de camas articuladas, grúas elevadoras o baños reformados convierte a las trabajadoras en auténticas grúas humanas, lo que desencadena patologías crónicas graves como el síndrome del túnel carpiano, las hernias discales o la tendinitis. A pesar del origen claramente laboral de estas dolencias, las mutuas médicas suelen catalogarlas de forma sistemática como enfermedades degenerativas para eludir su responsabilidad.
Esta situación aboca a las empleadas a acudir a la Seguridad Social y solicitar bajas por enfermedad común, lo que conlleva una severa pérdida de ingresos en un sector donde, según afirma, la mayoría de las profesionales viven en el umbral de la pobreza. A modo de ejemplo, Martínez expone que sufrir una baja de 21 días por neumonía supuso un recorte de más de 400 euros en sus ingresos mensuales, obligando a muchas de sus compañeras a compaginar el servicio con empleos informales en la hostelería o la limpieza doméstica para poder subsistir.
Desplazamientos y kilometraje
La organización de los trayectos diarios agrava tanto el desgaste físico como el emocional de las trabajadoras en la provincia. La ausencia de una zonificación efectiva provoca que las empleadas deban cubrir distancias de varios kilómetros entre un domicilio y otro en tiempos de traslado que no son computados ni retribuidos por las empresas.
En el ámbito de la Junta de Andalucía, la compensación por el uso del vehículo particular está fijada en 19 céntimos por kilómetro, una cantidad que la entrevistada califica de irrisoria y que contrasta con los hasta 28 céntimos que se abonan en otras comunidades autónomas como el País Vasco. Este sistema traslada los costes de mantenimiento, amortización, combustible e inspecciones técnicas de los coches directamente a las trabajadoras, quienes además se ven obligadas a realizar trayectos imposibles para cumplir con unos horarios de entrada y salida solapados entre usuarios.
Municipalización y especialización
Para solucionar estas deficiencias, las trabajadoras defienden firmemente la municipalización del servicio, planteando que una gestión directa por parte de los ayuntamientos o de la Junta de Andalucía garantizaría unas condiciones laborales dignas y una mayor calidad asistencial. Este cambio de modelo evitaría la pérdida de horas contratadas cuando fallece un usuario, ya que la administración pública agilizaría la sustitución de los beneficiarios.
Asimismo, Martínez subraya la necesidad de implantar planes de formación continua y reciclaje real a cargo de las empresas, criticando la insuficiencia de los cursos actuales impartidos por entidades externas. La veterana trabajadora defiende la urgencia de recibir adiestramiento especializado en movilización de encamados y nutrición para la tercera edad, recordando que "no estamos trabajando ni cogiendo papas, ni cogiendo cebollas, ni cogiendo calabacines, estamos trabajando con seres humanos". Las demandas del sector concluyen con la petición unánime de reconocer el derecho a la jubilación a los 60 años, una medida indispensable para un colectivo altamente feminizado que, a pesar de las dificultades, reivindica el cariño y el respeto mutuo que mantiene con los mayores de Almería.
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