El primer trimestre de 2026 ha dejado un balance inédito en los tribunales de la provincia de Almería, marcado por un extraordinario incremento en los litigios que enfrentan a los ciudadanos y empresas con la gestión de las instituciones públicas, abarcando desde las corporaciones locales hasta la propia Junta de Andalucía y el Estado español. Según el informe de evolución del Consejo General del Poder Judicial, la jurisdicción contencioso-administrativa ha experimentado una auténtica explosión de actividad con un aumento del 120,5 por ciento en la entrada de nuevos asuntos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este repunte sitúa a los conflictos de carácter administrativo como la corriente más dinámica y expansiva dentro del panorama judicial almeriense, desmarcándose por completo de la tendencia de contracción que se observa en la mayoría de las áreas del derecho procesal de la provincia.

En el ámbito específico de la ejecución de sentencias dentro de esta misma jurisdicción, los juzgados de la provincia registraron un total de 59 nuevas ejecuciones entre enero y marzo de este año. Los órganos judiciales de este orden lograron resolver 43 expedientes en este trimestre, lo que representa un incremento del 23,5 por ciento en la capacidad de resolución de este tipo de fallos respecto al ejercicio anterior. Pese a este mayor dinamismo resolutivo, el considerable volumen de nuevos ingresos ha provocado que los asuntos en trámite al final del trimestre se sitúen en 141 procesos, lo que supone un incremento interanual del 4,3 por ciento. La actividad interna de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia revela además un cambio en el tipo de resoluciones, registrando un descenso del 47,9 por ciento en el dictado de sentencias definitivas, compensado por un notable incremento del 76,2 por ciento en la emisión de autos.

La paradoja frente al alivio del resto de jurisdicciones

Este crecimiento masivo de las demandas contra la administración pública contrasta drásticamente con el comportamiento general de la actividad judicial en la provincia de Almería. El cómputo global de todas las jurisdicciones de la provincia cerró el trimestre con una reducción del 27,1 por ciento en la entrada de nuevos asuntos, un respiro histórico para los juzgados que responde fundamentalmente al desplome de la litigiosidad en el orden civil, donde los nuevos ingresos cayeron un 45,2 por ciento. Gracias a esta bajada en la presión de demandas comunes, el total de asuntos en trámite al final del periodo en la provincia se redujo un 7,6 por ciento, fijando el inventario global de ejecuciones pendientes en 55.545 casos. Sin embargo, el escenario administrativo camina en la dirección opuesta, evidenciando que las reclamaciones de los administrados frente a los organismos públicos atraviesan un momento de excepcional intensidad en el territorio almeriense.

La evolución de otras áreas consolida esta dualidad en el rendimiento de los tribunales provinciales. Mientras el orden penal registró una bajada del 10 por ciento en la entrada de casos, su ritmo de resolución disminuyó un 8,7 por ciento, provocando que los expedientes penales en trámite aumentaran un 7,5 por ciento hasta alcanzar las 5.268 ejecuciones pendientes al cierre del trimestre. Por su parte, la jurisdicción social incrementó el ingreso de nuevos asuntos en un 11,4 por ciento, mientras que sus resoluciones experimentaron un descenso del 12,6 por ciento, lo que generó un incremento del 5,2 por ciento en sus expedientes en trámite, acumulando un remanente de 545 casos. Estos movimientos sectoriales confirman que, a excepción del ámbito penal y del contencioso, la provincia está consiguiendo aliviar la congestión de sus archivos, haciendo aún más visible el embudo administrativo.

Las denuncias contra la administración en Almería se disparan un 120,5% en el primer trimestre de 2026.

Almería quintuplica la tendencia de la comunidad autónoma

La excepcionalidad del caso almeriense adquiere mayor relevancia al contrastar sus datos con el contexto general de la comunidad autónoma. En el conjunto de las provincias de Andalucía, junto con Ceuta y Melilla, el ingreso de asuntos contencioso-administrativos también registró un comportamiento al alza, pero con un incremento mucho más moderado del 22,9 por ciento, sumando un total de 10.305 nuevos casos. Esto demuestra que la intensidad del crecimiento de la litigiosidad de carácter administrativo en la provincia de Almería, que supera el 120 por ciento, quintuplica el ritmo de crecimiento medio de su entorno autonómico, evidenciando una concentración singular de expedientes y reclamaciones en este territorio.

A nivel general, el territorio andaluz recibió un total de 331.321 asuntos en todas sus jurisdicciones, un 24,7 por ciento menos que el año anterior, reflejando una caída paralela a la experimentada en el Estado español. No obstante, la actividad judicial ordinaria sigue siendo elevada, ya que la tasa de litigiosidad en Andalucía se situó en 37,45 asuntos por cada 1.000 habitantes, rebasando la media de España que se fijó en 37,15. Esta posición en la parte alta de la tabla de litigiosidad del Estado español, liderada por Canarias, Asturias y Madrid, se alimenta de fenómenos territoriales específicos como el que sufre Almería, donde los retrasos acumulados en la resolución de ejecuciones pasadas de carácter civil conviven con este nuevo e histórico repunte de demandas frente a las resoluciones de los organismos públicos.