Jueves de pasión parlamentaria en Andalucía. Tras el preceptivo "no" de Vox el pasado martes —diseñado más para marcar territorio con su exigencia de "prioridad nacional" que por una verdadera voluntad de bloqueo—, el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla, se somete hoy a la segunda votación de investidura. La aritmética parlamentaria es tozuda: tras las elecciones del pasado 17 de mayo, le bastará una mayoría simple para revalidar su presidencia en Andalucía. Sin embargo, el verdadero espectáculo de estos días no lo está dando el previsible ganador, sino el inagotable activo electoral que el socialismo ha dejado en el sur: María Jesús Montero.
Pensar que el PSOE andaluz tocó fondo tras cosechar el peor resultado de su historia en la provincia de Almería y en todo el mapa autonómico fue un evidente exceso de optimismo. María Jesús Montero sigue en racha, empeñada en demostrar que es el mejor regalo que los populares habrían podido pedirle a los Reyes Magos. Su última genialidad tras asistir al debate de investidura ha sido calificar la sesión como una "investidura fake" y un "fraude", bajo el peregrino argumento de que se acude a votar en la segunda vuelta sin un debate previo sobre la letra pequeña de los pactos de gobierno... pero es que no se vota una acuerdo ni un programa, se elige a un presidente.
Resulta fascinante comprobar cómo la memoria política se evapora de forma selectiva. A la señora exministra, exvicepresidenta y líder del PSOE-A se le olvida un detalle de estricto rigor técnico: el reglamento del Parlamento de Andalucía y la ley electoral vigentes son exactamente los mismos que regían cuando ella misma formaba parte de los gobiernos de la Junta de Andalucía. No pareció encontrar ningún "fraude" procedimental cuando el socialismo hilvanaba coaliciones con el Partido Andalucista o con Izquierda Unida, ni tampoco cuando el propio Juanma Moreno Bonilla inauguró su primera legislatura tras un acuerdo a tres bandas con Ciudadanos y Vox. La norma autonómica es clara: se debate, se vota, y si no hay mayoría absoluta, se repite la votación a las 48 horas. Insisto, es que se elige presidente, no otra cosa. Atribuir la categoría de "fake" a la propia arquitectura legal de la Comunidad Autónoma hecha a la medida socialista exige un equilibrismo retórico digno de aplauso.
Pero el bumerán argumental de María Jesús Montero no se detiene ahí. En su reciente comparecencia ante los medios, arremetió con dureza contra el candidato popular exigiendo saber qué ocultaba sobre las presuntas irregularidades del Partido Popular en la provincia de Almería, sentenciando con ligereza que Juanma Moreno "tenía que saberlo".
Si compramos esa atractiva teoría de la clarividencia jerárquica obligatoria, las consecuencias para su propio espacio político son sencillamente devastadoras.
Bajo esa misma premisa, habría que preguntarse qué sabía exactamente María Jesús Montero sobre el fraude multimillonario de los ERE cuando ocupaba la crucial poltrona de consejera de la Junta de Andalucía. Es cierto que consiguió escapar indemne de la investigación judicial —una suerte que no compartieron sus antiguos compañeros de Consejo de Gobierno ni los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán—, pero aplicando su riguroso baremo de sospecha, la ignorancia no debería ser una excusa válida.
Llevando este juego del "usted tenía que saberlo" al plano del Estado, el panorama se vuelve insostenible para la Moncloa. Si el líder es responsable ejecutivo de todo lo que ocurre en su entorno, deberíamos asumir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conoce al milímetro las cuitas judiciales de su esposa, Begoña Gómez, y los presuntos delitos de su hermano, David Sánchez. Siguiendo la doctrina Montero, el presidente también era perfectamente consciente de los desmanes de su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y, por supuesto, de la trama de Koldo García y José Luis Ábalos, quien para más señas operaba como su secretario de Organización y ministro. El hilo conductor nos llevaría a afirmar que el núcleo duro del Gobierno conocía las maniobras de Santos Cerdán -¡Super Santos Cerdán!- y las andanzas internacionales del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo al que María Jesús Montero paseó con orgullo de mitin en mitin durante su nefasta campaña electoral andaluz.
El verdadero descalabro de esta lógica de la sospecha es que termina golpeando en la propia mesa de su despacho. Sin entrar a valorar el fondo de lo que acontezca o deje de acontecer en Almería, la realidad de los datos nos devuelve a la gestión directa de la propia María Jesús Montero. Como ministra de Hacienda, tutelar la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) entraba dentro de sus competencias directas. Con la reciente e impactante detención de su expresidente y los registros judiciales vinculados a Leire Díez, sumados a una veintena de altos cargos imputados y mantenidos en sus puestos por el Gobierno sin atisbo de dimisión, la pregunta es obligada: ¿sabía la ministra lo que ocurría en las entrañas de la SEPI?
Desarmar el discurso de la líder de la oposición andaluza es un ejercicio tan sencillo que casi genera melancolía. Su alarmante falta de memoria y su tendencia a escupir al cielo garantizan grandes tardes de gloria parlamentaria, aunque lamentablemente ninguna para las filas socialistas. En términos de pura estrategia de supervivencia, lo mejor que podría hacer el PSOE es empaquetar de vuelta a María Jesús Montero hacia Madrid y buscar una urgente renovación en Andalucía. De lo contrario, el centroderecha andaluz seguirá disfrutando de una oposición que, lejos de fiscalizar, se autodemuele en cada comparecencia.
Agenda
