Andalucía critica la escasez de fondos estatales para el empleo en la región

El Gobierno de Andalucía ha calificado como «insuficiente» el reparto de fondos estatales destinado a financiar políticas de empleo, según lo acordado en la LXXXVI Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que tuvo lugar en Madrid. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, expresó su desacuerdo con una asignación económica que no se ajusta ni al peso poblacional de Andalucía en comparación con el resto del país, ni a las necesidades reales para atender a las personas desempleadas.

Blanco subrayó que, al igual que en años anteriores, Andalucía enfrenta una «infrafinanciación» por parte del Gobierno de España respecto a los recursos disponibles para este año. En total, la comunidad autónoma recibirá 417,9 millones de euros, una cifra similar a la del ejercicio anterior, lo que representa apenas el 16,2% del total de más de 2.571 millones destinados a todas las comunidades autónomas, excluyendo al País Vasco, Ceuta y Melilla. Este porcentaje es inferior al casi 18% que representa la población andaluza en el conjunto nacional.

Desigualdad en los recursos por desempleado

Con este nuevo reparto, Andalucía se posiciona nuevamente como la región con menos fondos estatales en relación al número total de desempleados. Según los últimos datos disponibles sobre el paro, correspondientes al mes de abril, la comunidad contará con solo 675,1 euros para cada uno de los 619.103 desempleados, cifra notablemente inferior a los 1.023,5 euros que se asignan de media a nivel nacional.

Este desequilibrio es aún más evidente si se comparan los recursos otorgados a otras comunidades: Islas Baleares recibe 2.348,9 euros por desempleado, más del triple que lo asignado a Andalucía. Aunque Cataluña tiene un presupuesto similar (414,2 millones), su población desempleada es casi la mitad de la andaluza (325.717 personas), lo que eleva sus recursos disponibles por parado a 1.271,6 euros.

Revisión necesaria en criterios de reparto

La consejera enfatizó que las políticas activas de empleo son esenciales para combatir el desempleo y fomentar el desarrollo económico regional. Por ello, reclamó una revisión de los criterios utilizados para el reparto de fondos con el fin de asegurar una eficacia real y acorde a las necesidades específicas de cada territorio.

Blanco también recordó cómo el Gobierno español ha ignorado repetidamente las solicitudes del Ejecutivo andaluz para aumentar la financiación destinada a planes extraordinarios de empleo incluidos en los Presupuestos Generales del Estado. Entre 2021 y 2024, Andalucía recibió solo 50 millones de euros para estos planes, lo que equivale a 80,8 euros por desempleado. En contraste, Extremadura recibió 15 millones de euros, lo que se traduce en 212,3 euros por parado; mientras que Canarias cuenta con 45 millones asignados, alcanzando los 291 euros por desempleado.

Nuevas reivindicaciones del Gobierno andaluz

Además de estas preocupaciones sobre la financiación insuficiente, el Gobierno andaluz ha planteado otras demandas importantes. Solicitan conocer no solo sus propios datos sino también un desglose detallado sobre cómo se determina el reparto de fondos y qué cumplimiento han tenido las comunidades autónomas respecto a los objetivos establecidos anteriormente. La falta de esta información impide entender claramente cómo se distribuyen las cantidades finales asignadas por el Gobierno central.

Asimismo, han pedido recibir información sobre los objetivos fijados para el próximo ejercicio durante cada Conferencia Sectorial anual para poder planificar adecuadamente desde enero. Otra demanda clave es la congelación del presupuesto final debido a la prórroga prevista para los Presupuestos Generales del Estado en 2025.

Aparte de estas cuestiones administrativas y financieras, Andalucía recuerda que existe un compromiso pendiente por parte del Gobierno español para aprobar un reparto adicional cercano a los 110 millones de euros, destinado a compensar las subidas salariales vinculadas al incremento del Salario Mínimo Interprofesional en Centros Especiales de Empleo; una medida cuya implementación sigue sin concretarse.

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