La política migratoria del PP

Tratándose de un artículo de opinión, nadie se sorprendería si el titular incluyese ya algún adjetivo contundente. No sería ni poco ético ni extraño. Sin embargo, ante las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, prefiero empezar lanzando al aire algunas de las preguntas que me asaltan, casi a borbotones, y ya después, si acaso, que cada cual le ponga el calificativo que considere oportuno.

Fue durante la escuela de verano del PP en Formentera cuando su líder desgranó su visión sobre la inmigración, afirmando que esta debe ser «ordenada, vinculada al mercado laboral, con un compromiso de adhesión a los valores de Occidente y priorizando a los que tienen una mayor afinidad cultural». Y es aquí donde empiezan los interrogantes.

Cuando el señor Núñez Feijóo habla de «afinidad cultural» y «valores Occidentales», ¿piensa, por ejemplo, que a partir de ahora deberíamos prescindir de los ciudadanos chinos que tanto dinamizan el comercio en nuestros barrios? ¿O de los japoneses, cuyo rigor y tecnología admiramos? ¿Acaso pretende que renunciemos a la riqueza gastronómica y la amabilidad de los tailandeses? Ya... probablemente no, no estaba pensando en ellos, todos sabemos en quienes estaba pensado, y eso es un problema. Su ambigüedad es, como mínimo, peligrosa.

La pregunta se retuerce sobre sí misma y nos obliga a cuestionarnos qué es exactamente la «afinidad cultural» a ojos del Partido Popular. ¿Permitiría la propuesta del PP que una empresa, ante dos candidatos, priorizase a una persona nacida en Quito, con estudios primarios, frente a un médico nacido en Rabat? ¿Y entre ese médico marroquí y otra persona de nacionalidad estonia y religión judía? Se mire por donde se mire, es un disparate.

¿Podría una empresa, bajo el amparo de esta nueva doctrina, negarle un empleo a un inmigrante en situación legal por el mero hecho de ser de un país determinado o profesar una religión concreta? La propuesta de Feijóo abre una puerta muy peligrosa.

Tal vez está proponiendo del PP discriminar en un trabajo por nacionalidad, raza o creencias religiosas. ¿Es eso? ¿Con el PP en el Gobierno tendrás que poner en tu currículum estos detalles? Lo digo porque es inconstitucional.

¿Los Ñetas, los DDP o los Trinitarios son, a juicio del PP «afines culturalmente» a nosotros? Pues creo que sí, son todos de la américa hispana. ¡Bienvenidos nuestros afines!

Y una pregunta más: ¿y si en vez de hablar de una vez por todas de la inmigración vinculada a la delincuenciam, se hablase de delincuencia, y de qué hacer con los delincuentes independientemente de su origen?

Pero la propuesta no solo hace aguas en su definición, sino que denota un profundo desconocimiento de la realidad migratoria de nuestro Estado. Al agitar el fantasma de la inmigración, es evidente que el Partido Popular busca acercarse a los postulados de la ultraderecha, cuya simplicidad argumental causa sonrojo. El foco siempre se pone en la inmigración irregular visible, la que llega en patera a nuestras costas almerienses, porque es la que genera imágenes impactantes y fáciles de instrumentalizar políticamente.

Sin embargo, obvian que la mayor parte de la inmigración irregular no llega por mar ni desde el norte de África. Llega por el aire, con un visado de turista en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Llega en tren, en autobús o en barco, de forma completamente legal. Son personas que, una vez expira su permiso de estancia, permanecen en el territorio. Son tan irregulares como quienes cruzan el Estrecho en una embarcación precaria, pero su situación no genera titulares. Y eso es lo hacen los populistas, crear titulares (falsos si hace falta) para agitar espantajos, y una vez provocada la alarma, actuar en consecuencia (en fin... antes de la Noche de los Cristales Rotos, la llamada Reina Católica expulsó a los judios de sus tierras alegando mil acusaciones infundadas, por ejemplo). Irresponsable.

Insisto: no es posible evitar que la gente se eche al mar en un cayuco o en una patera, y una vez ahí, las opciones son dos, o los rescatas o los dejas morir. ¿Y como impides la entrada a quienes lo hacen legalmente como turistas y luego no regresan? Faltan respuestas y sobran cubatas en la barra del bar.

Y aquí surge la pregunta clave: una vez que estas personas están aquí y buscan un trabajo para sobrevivir, ¿ha calculado el PP el coste de la expulsión masiva de irregulares? ¿cuantos policías va a dedicar a este fin? ¿y cuantos inspectores de trabajo va a activar para ir empresa por empresa buscando irregulares? ¿va a hacer un proceso al estilo Trump, con detenciones masivas? Debería aclararlo, porque en el campo almeriense interesa el tema, y en la hostelería madrileña también. Y en el servicio doméstico, ni les cuento.

Y si no va a ser masiva la deportación, será como hasta ahora, y si es como hasta ahora, es que no va a cambiar nada.

Además, eso de expulsar a los inmigrantes que delinquen está muy bien, pero entiendo que no llama inmigrante a una persona que ha sido nacionalizada española, y a esos no se les puede retirar nada más que por unos motivos tasados. En todo caso, una vez retirada ¿a dónde se le expulsa? ¿a qué país? ¿y si ese país no lo acepta puesto que ya no es nacional suyo?

Es tan interesante como cuando se habla de expulsar a quienes llegan en patera: si desconoces su país de origen ¿a dónde lo devuelves? y si lo conoces pero ese país no lo acepta ¿qué haces con él? Y mientras dura ese proceso ¿dónde lo metes? ¿en la cárcel, en un CETI... a mesa y mantel? ¿o lo dejas en la calle para que se busque él la mesa y el mantel... y de además no tengas donde encontrarlo para comunicarle la orden de expulsión?

¿Y qué eso de que las subvenciones no pueden ser una forma de vida? ¿Es que hay subvenciones para inmigrantes irregulares? Pues debería aclararlo el señor Feijóo porque creo que se está tragando uno por uno y en su orden todos los bulos y mentiras de la ultraderecha. Los inmigrantes reciben las mismas ayudas que los españoles si cumplen los mismos requisitos que los españoles... pero oye, si hay que cambiar la Constitución para discriminar por razón de nacionalidad, raza, o fe religiosa, que lo diga el PP y ya lo vemos. Y los inmigrantes irregulares, por su propia naturaleza, no reciben nada de nada (techo y comida, en el mejor de los casos, hasta que se tramita su expulsión, y si se cumplen ciertos plazos, se quedan en la calle sin nada).

Lo que se presenta como una solución no es más que una improvisación irresponsable, un intento de pescar en el río revuelto del miedo y el prejuicio. Y lo más paradójico es que este discurso se produce en un Estado con un problema demográfico galopante. Resulta de una torpeza supina lamentarse por la «España vaciada» y, al mismo tiempo, poner trabas y sospechas sobre quienes podrían venir a revitalizarla. En una provincia como Almería, motor agrícola de Europa gracias, en gran medida, a la mano de obra inmigrante, este debate suena aún más absurdo.

En definitiva, la inmigración, lejos de ser el problema que algunos quieren pintar, es una formidable oportunidad. Plantearla en términos de «afinidad cultural» es una simplificación que roza lo anticonstitucional, pero más allá de eso, porque la Constitución y las leyes se pueden cambiar, lo que demuestra es una improvisación impropia de partido llamado a gobernar.