La noticia corrió como la pólvora, aliviando de forma extrañamente efusiva a propios y extraños. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por la ministra Elma Saiz, había presentado inicialmente una propuesta para incrementar las cuotas de los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de 2026, que generó un rechazo casi unánime. Poco después, en una maniobra que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no dudó en celebrar, el Ejecutivo reculaba. ¿El resultado? Una supuesta "congelación" para los tramos de menores ingresos y subidas más moderadas de entre 2,9 y 14,75 euros mensuales para el resto.
La reacción de ciertas asociaciones de autónomos ante esta rectificación pareció ser de satisfacción, como si el Estado les hubiera hecho una inmensa concesión. Pero, si se analiza la situación con la frialdad de los números, la celebración suena a espejismo en el desierto almeriense. Estamos ante el clásico truco de ilusionismo: anunciar que te van a subir la hipoteca diez puntos para luego dejarla en ocho, y que la gente te aplauda por la "rebaja". En realidad, la cuota sube.
El primer acto de esta tragicomedia fue la implantación del sistema de cotización por tramos en función de los rendimientos netos, abandonando la libertad de elección de bases que, hasta hace poco, permitía al autónomo decidir cuánto pagar, y por ende, qué futura pensión construirse. Hasta 2022, el trabajador podía elegir una base de cotización, independientemente de sus ingresos, con una cuota mínima que rondaba los 300 euros. Esa libertad aseguraba un principio fundamental: el autónomo era dueño de su pensión. El que ganaba poco podía, si quería, esforzarse en cotizar más para asegurarse un retiro digno, y el que ganaba mucho podía optar por una base mínima y complementar con planes privados. Un notario acaba teniendo una pensión menor que la de un fontanero, por decisión soberana de ambos, y desde ese momento hay una subida obligatoria.
Con la entrada en vigor del nuevo sistema, que se despliega hasta 2025, el principio de obligatoriedad se impone. La ley ata de manos al autónomo: a mayor ingreso legal, mayor obligación de cotización, lo que se traduce automáticamente en una pensión futura más alta, aunque no la desee, y viceversa. Se extingue, por ley, la capacidad de planificación personal de la jubilación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Pero es que, además, este sistema se basa en una premisa fundamentalmente errónea al intentar equiparar al autónomo con el asalariado. El ingreso de un asalariado es predecible; el del autónomo, no. Un mes en la provincia de Almería puede ser boyante gracias a la campaña agrícola o a un contrato puntual, y el siguiente, cero. Al no tener la misma estabilidad, la regularización anual de las cotizaciones se convierte en una pesadilla de ajustes al alza o a la baja, sin la simplicidad de la nómina mensual. Y por si fuera poco, los tramos ya previstos para 2024 y 2025 en la ley de 2022 ya implican subidas en la mayoría de los tramos medios y altos, con la cuota máxima subiendo de 500 euros en 2023 a 530 en 2024, y la previsión de alcanzar los 590 en 2025. Es decir, ya se ha producido un incremento sustancial.
Ahora, con este historial, el Gobierno del Estado de España plantea, a través del Ministerio, una nueva subida para 2026 (de hasta 206 euros mensuales en la propuesta inicial) y, ante la lógica presión social y política (con el rechazo explícito, por ejemplo, de la propia Yolanda Díaz y de la Junta de Andalucía), "rectifica". La corrección pasa por congelar las cuotas de los autónomos con rendimientos netos inferiores a 1.166,70 euros al mes, pero para los tramos medios y altos, la subida, aunque suavizada, se mantiene.
Se nos vende como una victoria del diálogo. No obstante, que te suban la cuota un puñado de euros sin ofrecer una contraprestación directa, tangible y exigible, no es un triunfo. El autónomo, figura clave en el tejido productivo de Almería, desde el campo a la hostelería, es por naturaleza independiente. Generalmente, prefiere que no le suban la cuota a cambio de nada, y si debe pagar más, exige servicios que dependan directamente de ese pago.
La clave de este movimiento hay que buscarla, como se ha señalado en otras ocasiones, en la necesidad de financiación de la Seguridad Social. A falta de unos Presupuestos Generales del Estado que equilibren las cuentas de forma adecuada, el Gobierno necesita recaudar más para hacer frente a gastos que, por naturaleza, deberían correr a cargo de las arcas del Estado y no del sistema de cotizaciones.
Hablamos de las pensiones no contributivas o asistenciales, aquellas que se otorgan a ciudadanos que no han cotizado (o lo han hecho de forma insuficiente) y que, según la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se financian principalmente mediante transferencias del Estado. Lo mismo sucede con prestaciones de índole puramente asistencial como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cuando estos conceptos se pagan con dinero procedente de las cotizaciones de la Seguridad Social, se desvía el fin principal del sistema, que es el de financiar las pensiones contributivas y prestaciones generadas por el propio esfuerzo de cotización.
En este contexto, la aparente 'congelación' es una ilusión. Es el Estado diciendo: "Íbamos a golpearte con un mazo, pero solo te golpearemos con un martillo, y por eso, debes estar agradecido". Mientras tanto, en la provincia de Almería, el autónomo sigue siendo el principal pagador de una fiesta en la que no siempre se siente invitado.
O dicho de otro modo: ¿en qué se parece un autónomo almeriense un limón?
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