La presentación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026 ha vuelto a despertar el debate eterno en la provincia de Almería: ¿Son un reflejo de la ambición política o, sencillamente, papel mojado? Sobre el papel, las cifras que ha exhibido el Gobierno andaluz del Partido Popular son, objetivamente, un buen presupuesto, con una inversión prometida que se acerca a los 430 millones de euros para la provincia, según las delegadas del Ejecutivo autonómico.
Sin embargo, en este juego de espejos de la política territorial, el valor de un presupuesto no reside en la cuantía que se presenta con bombo y platillo, sino en el porcentaje de esa cifra que consigue hacerse realidad. El problema no es la bondad del número, sino la cruda y recurrente realidad del nivel de ejecución.
Es aquí donde entra en escena la crítica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Almería. Su secretario provincial, José María Martín, ha sido contundente al calificar las cuentas del gobierno de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, como un "engaño" y una "fantasía". La razón de su crítica es demoledora: el Gobierno andaluz, según el socialista, apenas ha ejecutado un 14,5% de lo presupuestado para la provincia desde 2019. Una cifra que, de ser cierta, evidenciaría un abismo entre la promesa y el hecho.
Pero, a veces, la hemeroteca tiene la curiosa costumbre de ajustarse el nudo de la corbata y poner a cada uno en su sitio. Y la afirmación de Martín, por rigurosa que sea en sus datos, chirría por el contexto. ¿Cómo puede el PSOE almeriense criticar que un presupuesto autonómico se ejecute con lentitud o insuficiencia, cuando el propio Estado, cuyo Gobierno en el Palacio de La Moncloa está en manos de su partido, lleva tres ejercicios consecutivos sin presentar tan siquiera unos Presupuestos Generales del Estado (PGE)?
Es decir, la Junta, al menos, presenta unas cuentas que permiten una planificación. El Estado, por el contrario, se encamina a la tercera prórroga presupuestaria, sobreviviendo con las cuentas de 2023. La capacidad de criticar la ejecución del Gobierno andaluz se debilita cuando el Gobierno de España lleva años sin cumplir con su deber constitucional de planificación económica.
Y para los almerienses, la memoria es corta, pero el historial es largo. Basta con recordar el caso de Fernando Martínez López, hoy secretario de Estado de Memoria Democrática, y que fue alcalde de la capital (1991-1995). Como alto cargo del Estado, se mostró ufano al presentar en la Subdelegación unos Presupuestos Generales del Estado que, por su cifra, eran los más grandes jamás destinados a Almería, la cifra per cápita más alta de su historia, y si no me falla la memoria, la más alta de España. Una cuantía impresionante, es cierto, aunque prácticamente toda estaba destinada a la faraónica, y aún pendiente, obra de la alta velocidad ferroviaria.
La euforia duró poco. Al año siguiente, noticiasdealmeria.com reflejó que la nota de prensa de la presentación de cuentas era una fotocopia casi literal de la anterior, porque no se había ejecutado apenas nada de lo comprometido. El nivel de parálisis fue tal que el propio Martínez no acudió a la Subdelegación del Gobierno a la presentación de los nuevos presupuestos. La evidencia de la inejecución era una losa demasiado pesada.
Este recordatorio, que no es un ataque ad hominem, sino un ajuste de cuentas con el pasado reciente, nos lleva a la clave de la cuestión:
El mal endémico de todas las administraciones (Estado, Comunidad Autónoma y provincia) es el mismo: la política de la maqueta y la promesa en el aire.
Los políticos, sin importar el color, se afanan en vender la piel del oso antes de cazarlo. Nos muestran una y otra vez lo que se va a hacer, incluso antes de que el proyecto exista legalmente. El ejemplo más obsceno en nuestra provincia fue la famosa maqueta del Hospital Materno-Infantil, exhibida durante años en el Hospital de Torrecárdenas por el Partido Socialista, cuando gobernaba la Junta. El problema era que no había ni proyecto licitado. Un hospital fantasma con una maqueta real, expuesta por si colaba.
Esta misma inercia es la que permite que, por ejemplo, el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 vuelva a incluir el dinero para la Sociedad Almería Alta Velocidad que se encarga del soterramiento, que ya estaba en el ejercicio anterior. La partida se arrastra de un año a otro porque la obra no avanza al ritmo prometido y no es responsabilidad de la Junta de Andalucía que esto sea así, y el dinero debe figurar de nuevo en el papel para que la provincia no pierda la esperanza de ver el fin de la herida de la vía.
La crítica a la baja ejecución es legítima y necesaria, pero cuando la lanza el mensajero que también lleva años arrastrando su propia losa de promesas incumplidas, pierde fuerza y se convierte en un debate estéril. Los presupuestos de la Junta son un buen punto de partida sobre el papel, pero todos sabemos que serán juzgados por lo que se ejecute en la realidad de la provincia.
Hasta entonces, los almerienses seguiremos viendo el mismo juego: administraciones que nos presentan maquetas de proyectos que no tienen ni proyecto, y políticos que cuestionan la baja ejecución de otros, mientras sus propias administraciones llevan tres años sin presupuesto o cargan con el lastre de promesas ferroviarias y hospitalarias que se oxidan en la hemeroteca. La rigurosidad nos obliga a exigir la ejecución tanto a la Comunidad Autónoma como al Estado. Porque la realidad de un presupuesto no es la tinta del titular, sino la pala en la obra.
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