Cumple su primer aniversario la celebrada Ley por el Derecho a la Vivienda, esa panacea legislativa que la izquierda y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han enarbolado como el único muro de contención ante el desbocado precio del alquiler en el Estado español. Según su evangelio, el problema no reside en la ley en sí, sino en la "rebeldía" de aquellas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular que se niegan a aplicarla.
Una tesis tan simple como un bocadillo de atún, pero que ignora la compleja realidad que debería atender una política de vivienda sensata.
Esta Ley, impulsada desde el Gobierno central, nace de una necesidad política más que de una técnica. En primer lugar, es el resultado de un gobierno "mastodóntico" que precisa justificar su existencia y la confluencia de sus socios. Para ello, ¿qué mejor que usurpar competencias que la Constitución Española ha reservado a las Comunidades Autónomas?
La vivienda es, y debe ser, competencia autonómica. No por capricho, sino porque la realidad de los precios y la oferta es un puzle geográfico imposible de encajar con una única pieza estatal. La situación del alquiler en Almería (nuestra provincia), en interior y costa, tiene poco que ver con la de Sevilla o Málaga dentro de Andalucía, y menos aún con la barbarie de precios de Cataluña o Baleares. Una ley de mínimos para el Estado, sí; una camisa de fuerza uniformadora, no.
Y aquí viene el giro dramático, el "dato mata relato" que nos debería hacer reflexionar, incluso a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García.
Si la ley funciona, debería funcionar donde se aplica. Y Cataluña, bajo la gestión de la Generalitat, ha sido la avanzadilla. Declaró zonas tensionadas en hasta 270 municipios, incluyendo Barcelona, e impuso el tope de precios, la medida estrella que la izquierda nos vende como el bálsamo de Fierabrás.
Y bien, ¿cuál es el balance? Según las cifras, el resultado es tan alentador como un aguacero en pleno invernadero:
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Subida de Precios: Los precios del alquiler en el conjunto de Cataluña han seguido subiendo, concretamente un 3,8% en términos interanuales (hasta el último dato oficial). Y esto a pesar del tope. El contrato medio ahora mismo se sitúa en unos asfixiantes 1.135,55 euros, casi el salario mínimo interprofesional de un mes.
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Contratos Desplomados: La firma de nuevos contratos se ha desplomado casi un 10% respecto al año anterior.
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Oferta Seca: En Barcelona, una de las zonas donde la aplicación es más estricta, la oferta de pisos en alquiler se ha reducido cerca de un 17%.
El argumento de la ley esgrimía que se contenía la subida. Es cierto que en el centro de Barcelona la subida parece más moderada (un 0,35% respecto a junio del 2024), pero ese dato esconde la trampa: la contención es artificial y se ha pagado a un precio muy caro, que es la desaparición de la oferta. Los propietarios, ante la obligación de fijar un precio inferior al que les dicta el mercado, simplemente han decidido no alquilar.
El control de precios no crea viviendas, solo espanta a los propietarios, reduce la oferta, incrementa la competencia por los pisos restantes y, por un efecto rebote perverso, sube los precios en el mercado sumergido o en las modalidades que escapan a la regulación (como el alquiler temporal).
Es fácil para la clase política, bien alejada de las hipotecas y las cuentas del mes, dictar dónde y cómo tiene que alquilar un ciudadano su propiedad. Es mucho más difícil, y aquí viene la originalidad que se echa en falta, preguntar.
Los políticos se llenan la boca con la necesidad de "escuchar a la gente". Pues bien, he aquí la pregunta más sencilla y a la vez más compleja para solucionar el problema:
¿Por qué alguien que posee una o varias viviendas y podría obtener una rentabilidad no la pone en alquiler?
La respuesta a esa pregunta es múltiple, si se hiciera con honestidad a los propietarios que tienen un inmueble cerrado, revelaría los verdaderos problemas. A mi, de entrada se me ocurren dos razones, pero adelanto que no son las únicas, por lo que insisto en la necesidad de preguntar y escuchar (eso que dicen hacer los políticos):
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Tope de Precios: Si la respuesta mayoritaria es "no alquilo porque me obligan a poner un precio que considero injusto", el tope es el problema, no la solución. La ley oferta-demanda llevará a un punto en que si el precio es inasumible y los jóvenes aguantan con los padres, el propietario de viviendas se las tendrá que comer con patatas... hasta que se encuentre el punto justo.
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Inseguridad Jurídica: Si responden que temen la 'inquiokupación' —esa lacra que convierte un contrato impagado en un calvario legal de años— lo que hay que hacer es actuar contra el delito, agilizar los desalojos y dotar de seguridad jurídica al propietario, no demonizarlo. Y da igual si alguien sostiene que son casos excepcionales, poprque el temor es real, y para acabar con él hay que ser implacable con esos casos "excepcionales".
No es tan complicado: la solución a la falta de oferta pasa por devolver la confianza a quien puede generarla, no por imponerle más cargas. De lo contrario, seguiremos celebrando leyes fallidas mientras el precio del alquiler en nuestra provincia y en el resto del Estado sigue siendo un muro infranqueable para muchos. ¿Acaso no merecemos una política de vivienda que funcione y se base en la realidad, y no en la propaganda?
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