Avanza la Ley de Montes en Andalucía, clave para el patrimonio natural

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha defendido en el Parlamento andaluz el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía, que ha superado el debate de totalidad. García ha resaltado que esta futura norma tiene como objetivo modernizar, simplificar y fortalecer la gestión forestal, así como proteger el patrimonio natural de la comunidad autónoma. Además, subrayó el amplio consenso alcanzado al incorporar más del 70% de las alegaciones recibidas durante un proceso participativo sin precedentes.

La consejera comenzó su intervención recordando que este Proyecto de Ley es el resultado de un trabajo colectivo prolongado, realizado junto a administraciones, profesionales del sector forestal, agentes sociales, universidades y asociaciones ambientales. Este texto se ha forjado a partir de un proceso “riguroso, dialogado y sostenido”, que integra décadas de experiencia en gestión forestal y aborda los retos ambientales actuales con nuevas herramientas.

Nueva legislación para un contexto cambiante

García enfatizó que la actualización del marco jurídico forestal era una necesidad reconocida desde hace años, dado que la anterior ley, la 2/1992, había quedado obsoleta ante los profundos cambios sociales y ambientales. La nueva normativa busca ofrecer claridad y seguridad jurídica, alineándose con la legislación estatal y abordando desafíos contemporáneos como la lucha contra el cambio climático y la presión sobre la biodiversidad.

Durante su discurso, Catalina García recordó que el Plan Forestal Andaluz 2030 ya había señalado esta necesidad. El nuevo texto adapta la política forestal andaluza a una realidad más compleja y vulnerable, proponiendo instrumentos modernos y flexibles para una planificación efectiva. “Nuestros montes son historia, cultura y sustento; la columna vertebral de nuestro territorio”, afirmó.

Participación ciudadana en la elaboración del proyecto

El Proyecto de Ley se ha construido sobre una base participativa amplia. Desde septiembre de 2022 se han llevado a cabo diversas fases de consulta pública, recibiendo alrededor de 1.500 alegaciones provenientes de 90 entidades diferentes. Más del 70% de estas alegaciones han sido incorporadas al texto final, lo que refleja la apertura del Gobierno andaluz al diálogo y su intención de representar las diversas voces del sector forestal.

Catalina García presentó también la estructura general del proyecto, compuesto por siete títulos y 144 artículos que abarcan aspectos cruciales como la clasificación de los montes y su gestión sostenible. Esta norma no solo refuerza tanto la gestión pública como privada, sino que también aporta claridad a elementos confusos en la legislación anterior.

Colaboración con entidades locales

Una novedad importante es el refuerzo en la colaboración con las entidades locales mediante convenios de gestión. Esto permitirá una acción más eficaz en el territorio al dotar jurídicamente funciones ya existentes relacionadas con la planificación y supervisión forestal. Además, se creará el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, diseñado para fomentar una mayor participación e integración del conocimiento científico en las decisiones relacionadas con los montes.

García también destacó el establecimiento del nuevo Registro de Montes Públicos, que sustituirá al antiguo Catálogo. Este registro permitirá diferenciar claramente entre montes demaniales y patrimoniales, mejorando así su protección legal. En cuanto a los montes privados, se introduce la figura del “monte protector”, incentivando prácticas sostenibles entre sus propietarios.

Afrontando desafíos ambientales

La consejera subrayó que la gestión forestal sostenible es fundamental para esta ley e incorporará herramientas innovadoras como inteligencia artificial y teledetección para monitorear ecosistemas. También se implementará un Sistema Andaluz de Información Geográfica Forestal para mejorar estadísticas y planificación.

Catalina García hizo hincapié en la importancia de educar sobre el valor forestal: “Una sociedad consciente es una sociedad preparada para proteger sus montes”. El programa previsto acercará el mundo forestal a ciudadanos y comunidades rurales.

Poniendo en valor los recursos naturales

La ley también impulsará la bioeconomía rural mediante la valorización de recursos como madera o biomasa, generando oportunidades económicas en áreas rurales. Se prevé computar productos generados por actuaciones mejoradas dentro del presupuesto correspondiente, promoviendo así una gestión activa.

En cuanto a incendios forestales, se incorporarán medidas preventivas alineadas con normativas vigentes para restaurar zonas degradadas. Catalina García destacó: “La prevención es clave ante incendios cada vez más intensos” e insistió en reconocer el papel vital del pastoreo extensivo en el mantenimiento del monte andaluz.

Asegurando servicios ambientales

Por primera vez se regularán los servicios ambientales proporcionados por los montes andaluces. Esto incluye aspectos como conservación del suelo o generación de biodiversidad. Esta regulación posiciona a Andalucía conforme a tendencias europeas sobre pago por servicios ambientales.

Catalina García concluyó subrayando que esta ley representa un compromiso colectivo hacia el cuidado del territorio: “Los montes andaluces son memoria e identidad”. Hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios para acompañar al Gobierno andaluz en este paso histórico hacia una política forestal sólida y compartida.

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