La Audiencia Provincial de Almería ha desestimado el recurso presentado el pasado mes de octubre por la defensa de la mujer condenada por el asesinato del menor Gabriel Cruz, ocurrido en el municipio de Níjar en 2018. A través de esta resolución judicial, el tribunal almeriense confirma que el peculio, así como cualquier otra pensión o asignación económica que pudiera corresponderle a la interna en el centro penitenciario, es legalmente embargable. La decisión se fundamenta en que el mínimo de subsistencia, que equivale al Salario Mínimo Interprofesional, ya se considera cubierto mediante las prestaciones que recibe dentro de la institución penitenciaria, por lo que cualquier excedente monetario debe destinarse obligatoriamente a satisfacer los intereses de las víctimas y a sufragar la responsabilidad civil derivada de su condena.
Patricia Ramírez, madre de la víctima, ha comunicado que este fallo judicial supone un paso decisivo tras siete años de impagos sistemáticos por parte de la condenada, quien cumple actualmente la pena de prisión permanente revisable. La sentencia original, emitida en septiembre de 2019, establecía la obligatoriedad de abonar una indemnización de 250.000 euros a cada uno de los progenitores por los daños morales causados. A esta cantidad se suma un montante de 200.203 euros que deben ser reintegrados al Estado español por los gastos generados durante el amplio operativo de búsqueda que se prolongó durante casi dos semanas en la provincia de Almería para localizar al menor tras su desaparición.
En el marco de este proceso, la Audiencia Provincial mantiene activa una investigación sobre los posibles bienes que la condenada pudiera poseer fuera de España, una gestión de la que todavía no se ha obtenido una respuesta definitiva. La madre de Gabriel Cruz ha señalado que, a pesar de que la existencia de una propiedad inmueble aparece reflejada en las diligencias policiales y en otros documentos públicos, han transcurrido siete años sin que se haya facilitado información concreta sobre dicho patrimonio. Con el nuevo escenario jurídico abierto por este auto, se espera que el centro penitenciario informe de manera detallada sobre la situación económica de la interna, incluyendo los trabajos realizados en prisión y cualquier cantidad depositada en su cuenta de peculio, con el fin de garantizar los derechos de los afectados.
La parte demandante ha anunciado que se solicitarán todas las medidas legales necesarias para corregir la situación de los últimos siete años, periodo durante el cual apenas se han abonado menos de 250 euros en concepto de responsabilidad civil. Este avance en la ejecución de la sentencia coincide además con el estudio que se está realizando sobre las presuntas amenazas graves recibidas recientemente, un aspecto que ha contado con la calificación de gravedad por parte de la Fiscalía. Esta serie de decisiones judiciales en el ámbito de Almería refuerza la línea de trabajo orientada a la protección y seguridad de las víctimas frente a los incumplimientos en las obligaciones pecuniarias derivadas de los delitos cometidos.
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