El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Almería, Carlos Sánchez, ha manifestado hoy en el pleno provincial el rechazo de su grupo a la creación de una comisión especial de investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario y obra pública. Sánchez ha fundamentado su negativa en que, desde la perspectiva del Partido Popular, la responsabilidad política derivada de estos hechos ya ha sido solventada con la salida de los implicados. Durante su intervención, ha subrayado que los miembros del plenario son políticos y no jueces, fiscales ni agentes de la Guardia Civil, por lo que el ámbito de actuación de la institución debe ceñirse estrictamente a lo político y no interferir en los procesos judiciales en curso.
Sánchez ha sido contundente al afirmar que "la responsabilidad política está ya más que depurada" y ha recordado los pasos seguidos por su formación tras conocerse las investigaciones. Según el portavoz, los dos antiguos dirigentes sometidos al proceso judicial fueron suspendidos de militancia por el Partido Popular apenas dos horas después de trascender los hechos. Asimismo, ha destacado que ambos decidieron personarse en la Diputación tras su puesta en libertad para comunicar su renuncia y dejar sus responsabilidades políticas, un gesto que, a juicio del equipo de Gobierno, cierra ese capítulo a la espera de lo que determine la justicia en el Estado español.
En su respuesta al Grupo Socialista, el portavoz ha cuestionado la coherencia de la petición, señalando que los propios proponentes han utilizado términos como "circo" o "pantomima" para referirse a este tipo de instrumentos en el pasado. Sánchez ha sugerido que la moción tiene un trasfondo de estrategia política partidista más que una búsqueda real de claridad, criticando que el PSOE pretenda imponer quién debe presidir dicho órgano. "Prueba de ello, de que además no buscan resolver ninguna verdad, sino que buscan ejercer efectivamente el circo político en esa supuesta comisión, es que ustedes quieren presidirla sin dar lugar a que la presida otra persona", ha espetado durante el debate.
Respecto a la gestión administrativa de los contratos bajo sospecha, Carlos Sánchez ha defendido con firmeza la labor de los técnicos de la casa. Ha asegurado que el equipo de Gobierno ha realizado una revisión exhaustiva de la documentación y que los expedientes están "impolutos", contando con el aval de los funcionarios de la Secretaría y la Intervención de la Diputación de Almería. En este sentido, ha ofrecido a la oposición un acceso total a la información, invitándoles a sentarse con el secretario o el interventor para resolver cualquier duda. "Si ustedes encuentran un expediente que, bajo su criterio, esté bajo sospecha, tráiganlo mediante una moción aquí y se debate", ha propuesto el portavoz como alternativa a la comisión solicitada.
Sánchez también ha afeado al grupo proponente el tiempo transcurrido desde las detenciones, cuestionando por qué se ha esperado un mes para solicitar esta comisión de investigación y los expedientes relacionados. Según el portavoz, el equipo de Gobierno se puso a disposición de la justicia y de la Guardia Civil "desde el minuto uno", priorizando que la institución provincial continuara con su actividad habitual para no perjudicar a los habitantes de la provincia. El dirigente ha insistido en que la Diputación ya ha facilitado toda la documentación requerida por el juzgado y que no existe duda sobre la tramitación técnica, jurídica y administrativa de los planes provinciales.
Finalmente, el portavoz ha concluido que cualquier iniciativa que pretenda dirimir cuestiones que competen exclusivamente al ámbito jurídico-policial es una pérdida de tiempo. Para el equipo de Gobierno, el debate debe centrarse en la gestión y en el trabajo por la provincia de Almería, dejando que la justicia progrese según sus propios tiempos. Sánchez ha reiterado que, sin nuevas responsabilidades políticas que señalar, la creación de una comisión carece de sentido y solo serviría para alimentar un escenario de confrontación política ajeno a las necesidades reales de la Comunidad Autónoma.
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