El inicio del año 2026 sitúa al sector agroalimentario de la Comunidad Autónoma ante un escenario de desafíos estructurales que condicionan la viabilidad de su modelo productivo. Según el análisis realizado por las cooperativas agrarias, la gestión del agua, la carencia de mano de obra y la dificultad del relevo generacional se consolidan como los ejes críticos para el presente ejercicio. En el caso específico de la provincia de Almería, estos retos se ven acentuados por la necesidad de infraestructuras permanentes y la presión fitosanitaria en los cultivos de invernadero, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre arancelaria y los cambios en las políticas de apoyo de la Unión Europea.
En materia hídrica, el sector subraya que el agua es el factor estratégico determinante para el futuro del campo. A pesar de que las lluvias registradas en la primavera anterior aliviaron parcialmente la sequía, las organizaciones agrarias insisten en que esta mejora es meramente coyuntural y no debe frenar una política hidráulica ambiciosa en el Estado español. Para la provincia de Almería, resulta vital la ejecución de inversiones urgentes en desaladoras, presas y sistemas de transporte de agua a larga distancia, así como la agilización de los trámites burocráticos en las confederaciones hidrográficas. Se reclama, además de garantizar el suministro actual, un incremento de la superficie de riego para dotar de este recurso a explotaciones que carecen de él, simplificando procesos de concesión que actualmente se demoran durante décadas.
La producción hortofrutícola almeriense, motor económico de la provincia, encara desafíos fitosanitarios de especial gravedad. Para este 2026, el sector centra sus esfuerzos en contener el avance de plagas como el Trips parvispinus y la araña roja, cuya rápida expansión genera una profunda preocupación por los daños directos que causan en el cultivo de pimiento. A esta situación se suma la creciente competencia del tomate procedente de Marruecos, lo que obliga a los productores locales a redoblar su apuesta por la innovación y la diferenciación de calidad. Dado que el 97 por ciento de la producción de frutas y hortalizas se exporta a Europa y el Reino Unido, la apertura de nuevos canales de venta internacional se presenta como una prioridad para mantener la competitividad de las más de 600 empresas cooperativas que operan en la Comunidad.
El escenario normativo en el Estado español y en Europa también presenta nubarrones, especialmente tras conocerse las propuestas de la Comisión Europea para la nueva PAC 2028-2034. El borrador actual contempla un recorte presupuestario superior al 20 por ciento y la eliminación de los dos pilares básicos del sistema de ayudas, lo que podría traducirse en pérdidas de hasta 400 millones de euros anuales para el campo andaluz. Esta situación hace prever un año muy convulso en el que no se descartan nuevas movilizaciones y protestas. Asimismo, el sector permanece atento a la evolución de los aranceles de Estados Unidos, que en 2025 ya impuso un gravamen del 15 por ciento a productos estratégicos como el aceite de oliva, y a los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países como Mercosur.
Finalmente, la viabilidad de las explotaciones se ve amenazada por la falta estructural de mano de obra y los obstáculos al relevo generacional. El sector demanda una simplificación burocrática para acceder a contingentes de trabajadores extranjeros, especialmente durante las campañas de mayor actividad. Para fomentar la llegada de jóvenes al campo, las cooperativas apuestan por mejorar la rentabilidad de las explotaciones mediante la formación, la I+D+i y la reducción de la sobrecarga administrativa. En el ámbito ganadero, tras un 2025 marcado por diversas alertas sanitarias animales en otros puntos de España, el objetivo para 2026 es reforzar la colaboración público-privada para preservar el estatuto sanitario de la cabaña andaluza, fundamental para su comercialización exterior.
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