La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha puesto hoy en valor el éxito de la mediación penal en Almería desde la creación en 2024, del SEMPA. Un servicio público y gratuito puesto en marcha por la Junta en todas las provincias si bien “desde el principio Almería ha sido un motor en la solución de conflictos mediante el diálogo y el consenso”, según ha explicado el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón. De hecho, los profesionales del SEMPA de Almería han cerrado en este tiempo 1.108 acuerdos, un tercio de los 3.232 alcanzados en toda Andalucía.
Rondón ha inaugurado junto a la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, las II Jornadas de Mediación organizadas por la Consejería en el marco de las actividades programadas por el Día Europeo de la Mediación, que se conmemora el 21 de enero. Unas jornadas en las que han expuesto su experiencia la coordinadora del SEMPA almeriense, Eloísa Benavente, junto a la abogada del equipo del servicio Erica Hernández.
Durante la inauguración -en la que también han intervenido el presidente del Tribunal de Instancia de Almería, David Villagrán, y la secretaria coordinadora provincial, María José Cañizares-, el director general de Justicia Juvenil ha anunciado que próximamente se creará otro servicio público para la Mediación Civil y Mercantil (SEMCA), que será gratuito para ambas partes si alguna de ellas cumple los requisitos para ser beneficiario del sistema de Justicia Gratuita. Previamente, la Junta ha difundido la cultura de la mediación en el ámbito empresarial a través de foros organizados en todas las provincias con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, en los que han participado representantes de más de medio millar de sociedades.
El director general de Justicia Juvenil ha destacado que Andalucía se adelantó a la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025, que incluye los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Desde 2021 existen en las sedes judiciales de las ocho capitales y grandes ciudades como Marbella o Algeciras Puntos de Información a la Mediación (PIMA) para dar a conocer en qué consiste esta fórmula y cómo realizar un proceso de este tipo. Y en 2024 fue la primera comunidad que incluyó la mediación en la Justicia Gratuita, y se creó el SEMPA.
Por su parte, la delegada territorial ha detallado que desde su creación los juzgados penales de Almería han derivado al SEMPA 2.016 asuntos que afectan a 4.032 personas entre víctimas y victimarios. La mayoría de los casos derivados fueron de delitos leves de amenazas, lesiones y hurtos. En este tiempo han logrado cerrar 1.108 acuerdos y el 97,5% se resolvió en menos de 30 días. “La mediación no solo reduce el exceso de litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales, sino que ahorra tiempo y costes, ya que un procedimiento en los juzgados se lleva meses e incluso años y con la mediación las partes logran una solución en menos de un mes”, ha subrayado Gómez.
Tanto Rondón como Gómez han destacado que los profesionales del Derecho y la Justicia son aliados fundamentales para impulsar la cultural del diálogo y el acuerdo frente al pleito judicial. Por ello, la Consejería de Justicia ha suscrito acuerdos con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para contar con mediadores profesionales en pleitos laborales y con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para realizar conciliaciones en las que es el profesional quien propone la solución, a diferencia de la mediación donde las partes llegan a la solución guiados por el mediador.
Además, se ha creado un Registro Andaluz de Mediadores y Empresas de Mediación para facilitar a la ciudadanía interesada en esta vía la búsqueda de profesionales con formación especializada que se puede consultar en la web de la Consejería (https://lajunta.es/69g8y).
En Andalucía, desde enero de 2024, los ciudadanos con derecho a un profesional de oficio pueden solicitarlo para que les asesore en procesos de mediación y los letrados que logran cerrar un acuerdo reciben 400 euros. La Ley de Eficiencia exige desde abril de 2025 intentar un consenso a través de algún MASC antes de interponer una demanda civil o mercantil, por lo que desde entonces también compensa a los abogados de oficio con entre 25 y 75 euros, aunque no logren un acuerdo.
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