El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería ha sido escenario de un intenso debate acerca del Plan Anual de Control Financiero, en el cual la oposición ha denunciado una parálisis en la fiscalización de las concesiones administrativas y demaniales del consistorio. La controversia se centra en la supuesta incapacidad de la Intervención Municipal para realizar los análisis pertinentes debido a una carencia estructural de medios humanos, una situación que, según la concejal socialista Carmen Aguilar, se prolonga desde el año 2023 pese a las promesas del equipo de gobierno local de dotar al departamento de los recursos necesarios.
Durante su intervención, Carmen Aguilar ha recriminado a la concejal de Hacienda, Vanesa Lara, el incumplimiento de los compromisos adquiridos en sesiones plenarias anteriores, señalando que la propia documentación del plan reconoce que la Intervención no cuenta con los medios suficientes para desarrollar su labor. "Usted dijo en el pleno del 10 de junio de 2024 que le iban a dotar de medios a la Intervención para que haga lo que hoy, dos años después, nos vuelve a traer aquí; sabe lo que han hecho, absolutamente nada", ha aseverado Aguilar. La edil de la oposición ha cuestionado directamente qué refuerzos se han implementado en el área mientras se mantienen las dudas sobre el ingreso de los cánones de las empresas concesionarias y ha lamentado que se priorice la contratación de personal de confianza frente a la estructura funcionarial, preguntando "si alguno de sus 22 asesores puede hacer eso" ante la falta de dotación en los órganos de fiscalización.
La respuesta de la concejal de Hacienda, Vanesa Lara, ha tratado de rebajar la tensión asegurando que el análisis de la situación actual de las concesiones administrativas, que ya figuraba en planes de años anteriores, se ha incluido finalmente en el plan de 2026. Según Lara, la previsión del equipo de gobierno es que estos trabajos "se concluyan para el primer trimestre de 2026", afirmando que en los próximos meses finalizarán las tareas de análisis técnico. Respecto a la falta de personal denunciada por el grupo socialista, la responsable de las cuentas municipales ha admitido de forma implícita las carencias al señalar que el Ayuntamiento se encuentra en un "proceso de ir cubriendo aquellos puestos vacantes que son de especial relevancia para hacer la gestión mucho mejor de la que se realiza hasta ahora".
Otro de los puntos críticos del debate ha sido la gestión de los contratos caducados y la inseguridad jurídica que esto genera en la capital almeriense. Aguilar ha puesto el foco en la gestión cultural de la ciudad, preguntando específicamente por la vigilancia de la biblioteca y los once espacios museísticos locales, cuyos contratos habrían expirado en julio de 2023 sin que consten nuevos trámites de licitación en el perfil del contratante. "Ustedes saben la inseguridad jurídica que están dando a esos espacios y a los funcionarios municipales", ha advertido la concejal socialista, quien también ha exigido la transparencia total de los informes de control financiero, denunciando que el último documento publicado en la web municipal data del año 2021.
Por su parte, Vanesa Lara ha defendido que el consistorio se encuentra en una "fase preliminar" del lanzamiento del plan anual y se ha comprometido a dar cuenta de los informes detallados una vez que estos sean tramitados y llevados a sesión plenaria para su aprobación. No obstante, desde la oposición se insiste en que la acumulación de millones de euros en facturas sin contrato y la falta de seguimiento en las comisiones de concesiones suponen un riesgo para la estabilidad económica del Ayuntamiento de Almería y la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos de la provincia.
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