El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha vivido una de sus sesiones más intensas con la aprobación del nuevo reglamento para el procedimiento de la declaración de situación de riesgo de menores. Este instrumento jurídico, que busca dotar de agilidad y seguridad a los técnicos municipales ante casos de desprotección infantil, ha desatado un enfrentamiento total en el Salón de Plenos.
Mientras el equipo de gobierno defiende el carácter estrictamente técnico de la norma, Vox ha denunciado una supuesta deriva "sanchista" del Partido Popular que permitiría a la Administración intervenir en las familias por discrepancias morales, y el PSOE ha condicionado el éxito del plan a una inversión urgente en personal para unos servicios sociales que considera desbordados.
Vox alerta sobre la "vulneración" de la patria potestad
El portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, ha liderado el rechazo al reglamento argumentando que, bajo una "apariencia técnica y protectora", se esconde un mecanismo que redefine los límites de la autoridad de los padres frente al Estado español. Rojas ha sido contundente al señalar que el texto "normaliza intervenciones por desacuerdos ideológicos", citando como ejemplo que una discrepancia sobre la identidad de género de un menor de doce años podría activar de forma automática la intervención de los servicios sociales como un "indicador de riesgo".
"Ninguna administración puede decirle a una familia cómo pensar", ha subrayado Rojas, quien ha recordado que la patria potestad está protegida por el Código Civil y la libertad ideológica por la Constitución. El portavoz ha lamentado que el equipo de gobierno del Partido Popular haya asumido, a su juicio, la "chatarra ideológica de la izquierda", asumiendo como propias leyes que, según su grupo, debilitan el pilar fundamental de la sociedad que es la familia. Aunque el consistorio aceptó dos alegaciones técnicas de Vox sobre la confusión de funciones en la comisión local y el procedimiento de resolución de expedientes, el partido ha votado en contra por considerar que la norma convierte a los trabajadores municipales en "vigilantes ideológicos".
El PSOE reclama recursos para los barrios más vulnerables
Por su parte, el concejal socialista Antonio Ruano ha calificado el reglamento de "acertado y necesario", destacando que cuenta con el aval de los profesionales que trabajan a diario en los centros de servicios sociales de la ciudad. No obstante, ha criticado que la normativa llegue con cinco años de retraso y ha centrado su discurso en la falta de medios para ejecutarla. Ruano ha exigido que los presupuestos municipales de 2026 incluyan partidas para la contratación masiva de personal, advirtiendo de que Almería soporta índices de pobreza infantil "extremadamente altos" que requieren una respuesta inmediata.
Entre las propuestas del Grupo Socialista destaca la necesidad de realizar una nueva delimitación del mapa de servicios sociales, creando un quinto centro en el distrito Bahía. Esta infraestructura daría respuesta a la "avalancha de expedientes" que se acumulan en zonas como La Cañada, El Alquián y Cabo de Gata. Además, Ruano ha instado a recuperar la comisión de absentismo escolar para detectar precozmente situaciones de exclusión social en los colegios. "Llevan ustedes 23 años en este ayuntamiento y ocho en la Junta; es hora de que el mantenimiento de los centros y la dotación de personal sea una prioridad real y no solo un papel", ha recriminado el edil.
El equipo de gobierno defiende el criterio de los técnicos
La respuesta del equipo de gobierno ha llegado a través de Óscar Bleda, quien ha mostrado su estupefacción ante las tesis de la "vigilancia ideológica". Bleda ha hecho hincapié en que este documento no es una creación política, sino el resultado del trabajo exhaustivo de trabajadores sociales, educadores y psicólogos del Ayuntamiento de Almería. "Este documento no dice a nadie cómo tiene que pensar; lo que busca es evitar que los menores de esta ciudad sufran situaciones de vulnerabilidad con sus familias", ha replicado con firmeza.
Bleda ha afeado a Vox que intente empañar lo que considera un "punto de celebración" para la ciudad, defendiendo que la norma vigila exclusivamente el bienestar del menor. Respecto a las alegaciones, ha aclarado que se aceptaron dos de Vox porque mejoraban la técnica jurídica del plan, pero se rechazó la tercera por ser "puramente ideológica". El concejal ha concluido asegurando que el compromiso del consistorio es seguir dotando de capacidades técnicas y organizativas a los servicios sociales para que Almería sea, de facto, una ciudad segura para la infancia.
Tensiones por el estado de los centros educativos
El debate sobre la protección del menor se ha visto salpicado por el mal estado de los colegios públicos de Almería. Durante la sesión, Antonio Ruano ha denunciado la situación del centro Madre de la Luz, donde los alumnos tienen que convivir con cubos para recoger el agua de las goteras en el gimnasio. "Dígale usted a esos padres que la culpa es de hace 23 años", ha ironizado Ruano ante los gestos de la concejal Sacramento Sánchez, a quien ha pedido "autocrítica" y un impulso real de trabajo para resolver las deficiencias estructurales que afectan a los menores en su entorno escolar.
Agenda
Si (
No(
