La vivienda que habitaban desde hace seis años en la urbanización Playa Serena, en Roquetas de Mar, ha quedado finalmente vacía este lunes. El matrimonio que residía en el inmueble ha efectuado la entrega de llaves antes del límite de las 14:00 horas para evitar una traumática intervención judicial. El desenlace deja un panorama dispar para la pareja: el marido, un hombre de 77 años que padece cáncer de próstata y Alzheimer en fase de cuidados paliativos, ha sido trasladado a un centro de mayores en Vícar, mientras que su mujer, de 63 años, se encuentra actualmente sin un techo confirmado donde pernoctar.
La orden de lanzamiento, emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Roquetas de Mar a finales de enero, se produce tras un proceso de desahucio por precario al carecer los residentes de un contrato legal que respaldara su estancia. Aunque la defensa intentó frenar el desalojo alegando la delicada salud del hombre, la justicia rechazó la suspensión. Ya la semana pasada se vivió un momento de tensión con la presencia de la comisión judicial y la policía nacional, aunque se concedió una prórroga de siete días que ha expirado hoy.
El conflicto judicial se remonta a tres años atrás. Una sentencia inicial instaba al abandono de la casa, decisión que posteriormente ratificó la Audiencia Provincial de Almería. En el transcurso de estos litigios, la inmobiliaria que ostentaba la propiedad vendió el piso a una particular. Según fuentes del ámbito jurídico, la nueva dueña no ha percibido ninguna remuneración por el uso de la vivienda durante este periodo. Por otro lado, la pareja no logró que la administración competente les otorgara el certificado de vulnerabilidad que habían tramitado.
Desde el consistorio de Roquetas de Mar sostienen que los servicios sociales municipales han estado presentes en el caso "desde el primer momento", asegurando que se han puesto a disposición de los afectados "todos los recursos necesarios" para paliar su situación durante el procedimiento.
La historia de Dick Beekhus, de origen neerlandés, y Gloria Patricia Velásquez, colombiana, en la provincia de Almería comenzó en 2018. Tras llegar de Países Bajos, suscribieron un contrato de arrendamiento que, una vez finalizado, derivó en una situación de inseguridad jurídica. La mujer sostiene que siguió pagando mensualidades de 450 euros incluso sin contrato vigente, y que los nuevos propietarios les dieron un margen de dos años para mudarse, plazo que finalmente se agotó.
La situación del anciano es de extrema dependencia, ya que permanece encamado y requiere de grúa y material hospitalario para cualquier movimiento. Aunque contaban con ayuda a domicilio municipal algunas horas al día, su esposa era la principal cuidadora. Ante la pérdida del hogar, Velásquez ha tenido que trasladar sus pertenencias a un trastero de alquiler mientras aguarda una solución habitacional por parte de las instituciones sociales.
Agenda
Si (
No(
