Comisión de investigación

El parlamentario socialista almeriense, Mateo Hernández, ha tenido a bien solicitar una comisión de investigación sobre los contratos de la Diputación de Almería a raíz del ya célebre "caso mascarillas". Una trama que, para quienes anden despistados, mantiene bajo la lupa judicial al expresidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, y a sus expresidentes Óscar Liria y Fernando Giménez, junto a una lista de imputados que ya supera las 40 personas.

La propuesta de Hernández tiene ese aroma a incienso político que busca el titular rápido (el voto en contra del PP), pero que tropieza con la linde de la lógica administrativa. ¿Desde cuándo el Parlamento de Andalucía tiene potestad para fiscalizar la gestión ordinaria de una administración local como es la Diputación de Almería? Los tecnicismos son la última trinchera de la democracia, y pretender que la cámara autonómica haga de tribunal de cuentas de una provincia es, cuando menos, un salto mortal sin red institucional.

La ambición del PSOE no se queda en el contrato de las mascarillas de marras. No. Pretendían auditar los últimos diez años de contratación de la Diputación. Como bien le recordó el parlamentario del PP, Pablo Venzal, encargado de dar el portazo a la iniciativa, estamos hablando de miles de contratos. La Diputación es esa maquinaria que lleva el asfalto a Alcudia de Monteagud y las tuberías a Bentarique; pretender fiscalizar una década de gestión en una comisión parlamentaria es como intentar vaciar los Pozos de Bernal con un dedal. Sin una acotación temporal seria, la propuesta nace muerta, más cercana al "brindis al sol" que a la búsqueda de la transparencia.

En cualquier caso, y como también animó Venzal a Hernández, podrían pedir que lo haga la Cámara de Cuentas, en la que los socialistas tienen representantes... pero claro, eso es si se quiere una auditoría real y no un espectáculo mediático y político.

Lo más fascinante de este empeño por investigar políticamente lo que ya está en manos de la justicia es su palmaria inutilidad. Hagamos memoria:

• En la Diputación de Almería: Ya hubo una comisión. ¿El resultado? Dos dictámenes. El oficial, de la mano del PP y Ciudadanos, decía que aquí no ha pasado nada. El del PSOE, que se cerró en falso. Una pérdida de tiempo perfectamente encuadernada.

• En el Congreso de los Diputados: Se citó a Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Óscar Liria. Salieron por la tele, respondieron (o no) y el mundo siguió girando.

¿Sirvió de algo? A tenor de los hechos, no. Fue la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) la que, mientras los políticos se lanzaban dardos en sede parlamentaria, seguía rascando hasta encontrar las evidencias que han derivado en la detención de García y Giménez. Resulta que los jueces y la Guardia Civil son más eficaces que un diputado con un micrófono y ganas de salir en el informativo.

Seamos serios: una comisión de investigación no tiene acceso al sumario secreto. Sus señorías preguntan basándose en recortes de prensa. Pedir responsabilidades políticas a quien aún goza de presunción de inocencia —por muy feo que pinte el asunto— es un ejercicio de funambulismo que solo busca el lucimiento personal.

Tenemos el ejemplo espejo en el Senado, donde el PP usa su mayoría absoluta para una comisión sobre el "caso Koldo" tan elástica que cabe desde el rescate de una aerolínea hasta el color de las cortinas de un ministerio. El uso de subterfugios legales para convertir estas comisiones en un "vale todo" degrada la institución.

Queda la sensación de que a Mateo Hernández y a los suyos no les mueve la verdad —que ya la buscará el juzgado de instrucción correspondiente—, sino la necesidad de montar un estrado donde señalar con el dedo en un momento electoral. Entre la falta de competencia del Parlamento de Andalucía para este caso y la evidente esterilidad de estos órganos, lo único que queda claro es que en política, a veces, importa más la foto del incendio que el trabajo del bombero.