A vueltas con la "prioridad nacional", ese concepto que suena a fascismo de vieja escuela... porque Le Pen era de esos, de la vieja escuela, pero que en realidad es el último jaleo semántico que Vox ha conseguido colar en el pacto de gobierno de Extremadura. La presidenta María Guardiola, que pasó de la resistencia numantina a la rendición incondicional en lo que tarda en madurar un tomate de los nuestros, se encuentra ahora lidiando con un texto donde el concepto "nacional" se mezcla con el concepto "arraigo". Un término, este último, que parece diseñado por alguien que no ha salido de un despacho en Madrid, porque aquí en la provincia de Almería sabemos de sobra que el arraigo no se firma en un papel, se suda.
Es fascinante la capacidad que tiene la formación de Santiago Abascal para generar ruido, y es aún más curioso ver cómo el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo intenta despegarse del asunto como quien pisa un chicle en el Paseo: con torpeza y sin éxito. El argumento de que los servicios públicos deben ser prioritariamente para los españoles, es envuelto con el celofán de que debe priorizar a quienes contribuyen. Pero ahí está la trampa, porque así, de entrada, suena a música celestial para el que llega a casa asfixiado por las tasas y el IRPF. "Si yo pago, yo primero", se dice en la barra del bar. Es decir, yo no soy ni racista ni xenófobo, pero no quiero que otros se aprovechen de lo que pago...pero si tiramos del hilo de esa lógica, el jersey de la convivencia se nos deshace en las manos.
Si la clave para recibir atención es ser un "buen contribuyente", entremos en el juego. ¿Por qué en las urgencias de Torrecárdenas deberían atender antes a un trabajador que cobra el Salario Mínimo Interprofesional y que, por tanto, no aporta IRPF, que a un empresario que deja una fortuna en las arcas del Estado? Bajo la doctrina de la prioridad nacional por contribución -porque recordemos que ésta no es por xenofobia, dicen-, el orden de entrada en el médico debería ir determinado por la declaración de la renta. Si mi urgencia es un poco menos urgente, pero mi base imponible es mayor, ¿me toca pasar antes? Es un absurdo que nos devuelve a una sociedad de castas fiscales que creíamos superada.
Y la pregunta es pertinente: ¿por qué existen las pensiones no contributivas? Si el criterio de Vox fuera riguroso y no puramente ideológico, habría que dejar sin prestación a miles de españoles que, por diversas circunstancias, no han cotizado lo suficiente y su único derecho a ellas se sustenta en que han nacido aquí. ¿Por qué tienen acceso a la sanidad pública o al Ingreso Mínimo Vital quien no ha pagado ni un céntimo en su vida en impuestos? La respuesta es sencilla: porque el Estado no es una comunidad de vecinos donde solo tiene derecho a piscina el que paga la cuota, sino una estructura de protección basada en la necesidad y la vulnerabilidad.
Lo que subyace aquí no es una gestión eficiente de los recursos, sino una xenofobia de baja intensidad envuelta en papel de regalo administrativo. Se utiliza la excusa de la contribución para señalar al extranjero, obviando que las ayudas se distribuyen por penuria, no por nacionalidad. Si hay una presencia notable de ciudadanos de origen extranjero en las estadísticas de ayudas sociales, quizá sea porque ocupan los escalafones más bajos de la precariedad laboral, viven en condiciones que muchos no aceptaríamos y sufren una exclusión social evidente. No reciben ayudas por ser extranjeros; las reciben porque están en la miseria. Si estuvieran mejor, créanme, ni las pedirían ni las necesitarían.
Además, conviene recordar un dato que a menudo se olvida convenientemente en los mítines: los inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a ayudas públicas. Ni vivienda protegida, ni cheques de alquiler, ni subsidios del Estado. Su red de seguridad se limita a lo que buenamente pueden ofrecer entidades como Cáritas o Cruz Roja. No son un problema para el erario público en términos de subvenciones, por mucho que se empeñen en repetir lo contrario.
El problema establecer la "prioridad nacional" es que nadie sabe dónde termina la escalera. ¿Tiene más derecho un español de pura cepa que uno nacionalizado? ¿Y entre un nacionalizado y un residente? ¿Y si ha nacido en España de padres nacionalizados, debe estar por delante o por detrás del que se acaba de nacionalizar? ¿Deben atender en el Hospital de Poniente primero a un joven español con fiebre o al hijo de unos inmigrantes irregulares con vómitos? ¿Vale más un nacido en la provincia de Almería de padres extranjeros que un residente de larga duración que lleva veinte años doblando el lomo en un invernadero? ¿Dónde ponemos el listón de la pureza? Considerar a las personas como colectivos estancos —"los inmigrantes", "los marroquíes"— es el primer paso para deshumanizarlas. Cada ciudadano es un individuo con su propia historia y su propia necesidad.
El Partido Popular ha vuelto a caer en la trampa de "derechita cobarde" que tanto le gusta pregonar a la ultraderecha, solo que esta vez la cobardía consiste en no plantar cara a un discurso que erosiona los principios básicos de un Estado moderno. El problema de estas actitudes es que se sabe muy bien cómo empiezan —con un párrafo en un acuerdo de investidura en una Comunidad Autónoma—, pero es imposible predecir dónde se detendrán una vez que el veneno de la exclusión ha entrado en el sistema.
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