Parece que el curso básico de primero de Democracia se les sigue atragantando a quienes habitan las moquetas oficiales, ya sea en las altas esferas del Estado o en el Parlamento de la Comunidad Autónoma. La aritmética parlamentaria y la voluntad popular son conceptos sencillos de entender sobre el papel, pero extraordinariamente dolorosos de aceptar cuando los números no dan para mantener el coche oficial. Al final, el verdadero síntoma de salud democrática no es cómo se llega al poder, sino el pánico escénico que entra cuando toca devolverlo a su legítimo dueño: la ciudadanía.

En el plano estatal, la amnesia política ha alcanzado niveles de epidemia. Resulta llamativo observar cómo las mismas formaciones que en su momento secundaron con fervor casi religioso la moción de censura liderada por el Partido Socialista contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, alegando una estricta higiene frente a la corrupción, hoy muestran una flexibilidad vertebral asombrosa. Ante la delicada situación judicial y los escándalos de corrupción que cercan al Ejecutivo del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, aquellos antiguos adalides de la moral pública prefieren ponerse de perfil. El argumento que esgrimen para resistirse a actuar de la misma manera es de un cinismo enternecedor: confiesan, sin excesivo rubor, que su gran temor es que una moción de censura o un adelanto electoral propicie un Gobierno liderado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en coalición con el líder de Vox, Santiago Abascal Conde.

Conviene detenerse un instante a paladear el calibre de este reconocimiento. Al confesar ese miedo cerval a las urnas, estas formaciones están admitiendo de forma explícita que dan por perdidas las próximas elecciones. Y si asumen la derrota antes incluso de que se instalen las cabinas de votación en esta provincia de Almería, es porque son plenamente conscientes de que la ciudadanía prefiere de manera abrumadora otras opciones políticas. En pura lógica democrática, si la sociedad demanda un cambio de rumbo, lo justo y lo legítimo es que esa alternativa gobierne. Tratar de impedir el relevo institucional simplemente porque el resultado de la voluntad popular no gusta es un ejercicio de atrincheramiento bastante triste. Quienes sostienen al Ejecutivo central están reconociendo de facto que hoy representan a una minoría social, pero se aferran al mobiliario de La Moncloa con la esperanza de que el tiempo diluya la realidad. Si realmente contaran con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, no tendrían el más mínimo reparo en convocar elecciones generales y refrendar su mandato en las urnas; ocultarse tras el miedo a la derecha es la confirmación definitiva de su propia debilidad.

Sin embargo, esta particular ceguera numérica no es patrimonio exclusivo de la izquierda madrileña. Cruzando el Despeñaperros, en Andalucía, el panorama que han dejado las recientes elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo demuestra que en el extremo opuesto del espectro político tampoco terminan de dominar las matemáticas elementales. Vox, con su portavoz parlamentario y candidato a la Junta, Manuel Gavira Florentino, a la cabeza, ha logrado crecer en votos y sumar un diputado, alcanzando la cifra de 15 escaños. Un avance modesto que, no obstante, ha sido interpretado por sus dirigentes como si hubieran obtenido una mayoría absolutísima por aclamación popular.

Siendo la tercera fuerza política de la Comunidad Autónoma, la formación pretende imponer su criterio y sus dogmas a la inmensa mayoría del arco parlamentario. Manuel Gavira Florentino parece empeñado en dictar la hoja de ruta al indiscutible ganador de los comicios, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ostenta la primera posición con 53 escaños. Con una audacia que roza el desparpajo, Vox pretende que sus exigencias prevalezcan por encima de toda la representación salida de las urnas andaluzas, ignorando deliberadamente que el Partido Socialista de la candidata María Jesús Montero Cuadrado cuenta con 28 escaños, que la formación Adelante Andalucía de José Ignacio García Sánchez ha escalado hasta los 8 diputados, y que Por Andalucía, bajo la dirección de Antonio Maíllo Cañadas, mantiene 5 asientos. Intentar doblegar el Parlamento y condicionar la gobernabilidad de millones de andaluces basándose en ser la tercera fuerza es, cuanto menos, un curioso concepto de la sensatez democrática.

El diagnóstico es idéntico a ambos lados del tablero. Tanto los partidos que apuntalan de forma agónica al Gobierno central en Madrid como la extrema derecha que aspira a secuestrar la estabilidad en Sevilla comparten el mismo vicio de origen: la incapacidad para aceptar su peso real en la sociedad. Unos se niegan a convocar elecciones porque saben que el veredicto popular los enviará directos a la oposición; los otros pretenden gobernar desde la minoría absoluta de sus siglas imponiendo condiciones al resto. Ninguno parece recordar que la democracia se define como el Gobierno de la mayoría con un escrupoloso respeto hacia las minorías, nunca como el secuestro de las instituciones por parte de quienes se saben en minoría pero se niegan a soltar el volante.

Si los propios líderes políticos reconocen en sus discursos que la calle ya no les acompaña, el único camino digno sería asumirlo, propiciar los mecanismos constitucionales y replantearse el discurso. Seguir pedaleando en el vacío solo sirve para confirmar que el coche oficial nubla la vista, y que la soberanía popular solo les gusta cuando rima con sus propios intereses.